La plantilla del Concello de Cangas debe contestar hoy a la propuesta de convenio presentada por el gobierno tripartito, que ofrece alrededor de 105.000 euros para repartirse el próximo año a mayores de los salarios. De esa cuantía, 30.000 euros corresponden al denominado "fondo social", que los representantes municipales pretenden distribuir de forma equitativa en función de las condiciones sociolaborales y circunstancias familiares de los trabajadores, y los 75.000 euros restantes bajo el criterio de "productividad real", que estaría vinculada, entre otros, al índice de absentismo laboral y el cumplimiento de objetivos. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, mantuvo ayer largas reuniones con representantes de la junta de personal y del comité de empresa, que a su vez debatieron los pros y contras de la oferta presentada y se espera que hoy den una respuesta consensuada que el tripartito analizaría el lunes en Xunta de Goberno Local.
Las negociaciones se están llevando con sumo sigilo y con advertencias mutuas para que no trasciendan las cifras que se manejan, un dinero que a la postre saldrá de los presupuestos municipales que sufragan todos los ciudadanos, al igual que el que cobran los políticos. Entre la plantilla existen algunos posicionamientos discrepantes, entre otros sobre los criterios de reparto del plus. La controversia sobre el fondo social no es nueva, y distintos representantes públicos ya advirtieron en otras ocasiones que no debe ser "unha repañota" ni sirva para "pagar caprichos", sino un reparto justo que atienda a las necesidades reales, que son distintas según el trabajador.
Los 75.000 euros que se ofrecen en "productividad" representan el 1% del dinero total que el Concello de Cangas destina a salarios, que ronda los 7,5 millones de euros, y "compensarían la congelación salarial" impuesta por el Estado, apuntan negociadores. Lo que parece inviable es que vuelvan a contar con los en torno a 170.000 euros que se repartían con la anterior corporación y aún cobrarán este año.
Las nuevas cifras aparecerán reflejadas en el presupuesto de 2017, que se someterá a aprobación plenaria el próximo mes. Antes, deberán pasar el "filtro" de la Xunta de Goberno Local, que tratará este asunto el lunes antes de darle el visto bueno, y también de los técnicos municipales, que deberán certificar que las condiciones pactadas se adecuan a la legalidad.
