La Oficina de Información ao Consumidor de Bueu (OMIC) tiene ya sobre la mesa más de medio centenar de reclamaciones de vecinos referidas a las cláusulas suelos y gastos hipotecarios que las entidades bancarias repercutieron a sus clientes en la formalización de hipotecas por la compra de viviendas. Esos más de 50 expedientes son los que están en trámite, pero en lo que va de mes desde la oficina municipal ya se han atendido más de un centenar de consultas en este mismo sentido.
Ante esta situación desde el gobierno local tienen decidido ya reforzar el servicio para que desde la OMIC se pueda prestar todo el asesoramiento a los vecinos. En la actualidad la responsable de la oficina tiene la agenda completa de citas de atención al público hasta el próximo 20 de febrero, lo que da una idea del volumen de consultas que han generado las recientes sentencias sobre este asunto. "No Plan Concellos 2017 que se presentará en breve a Deputación incluiremos unha petición de entre tres e catro persoas para persoal administrativo e unha desas persoas destinarase á OMIC", avanza el alcalde buenense, Félix Juncal.
Hasta el momento en la oficina de atención al consumidor -situada en la planta superior de la sala de exposiciones Amalia Domínguez Búa- se contabilizan alrededor de 25 reclamaciones referidas a los gastos hipotecarios (que incluyen el pago de impuestos, notaría, Registro de la Propiedad y honorarios de gestión) y más de una treintena sobre las cláusulas suelo.
La tramitación de las reclamaciones difiere ligeramente. En el caso de los gastos hipotecarios el escrito se presenta ante el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria, que tiene un plazo de dos meses para responder. Si la contestación no es favorable o no satisface la pretensión del cliente se puede acudir al Banco de España, que suele tardar de media unos cuatro meses en responder. En función de esa contestación los clientes aún pueden acudir a la vía judicial para reclamar.
En el caso de las cláusulas suelo, tras el mecanismo de acuerdo extrajudicial aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros, las entidades disponen de dos meses para presentar una propuesta a los afectados en la que se incluya la cuantía que están dispuestos a devolver y los intereses generados. Una vez recibida esa notificación los clientes tienen un plazo de 15 días para decidir si están de acuerdo o no y para activar la vía judicial.
