El anterior gobierno municipal a través del que era su concejal de Urbanismo, Rafael Soliño, estaba convencido de haber realizado un meticuloso trabajo que no iba a provocar modificaciones en el documento. El estudio realizado en aquel momento hablaba de 653 construcciones ilegales para incluir en la reforma, cifra que se quedó a la conclusión del trabajo en 92. Soliño aseguraba en aquel momento que las edificaciones a las que afectaría la regularización serían viviendas que se construyeron antes del año 1988. También mencionaba que a excepción del núcleo de Liméns, en Darbo, donde la mayoría de las casas son viviendas de segunda ocupación, el resto está consolidado por edificaciones que pertenecen a habitantes de la zona.
Permanece pues la intranquilidad de los afectados, que pretendían una seguridad jurídica que debe esperar a que prospere el recurso o a un Plan Xeral.
