La Fiscalía provincial de Pontevedra quiere llevar la demanda contra Audasa por el cobro supuestamente abusivo de los peajes en la AP-9 más allá del marco temporal referido a las caravanas que se generaron a raíz de las famosas obras de ampliación de Rande. La acción de cesación presentada pretende lograr una sentencia condenatoria que califique como práctica abusiva en cualquier momento el cobro del peaje en su totalidad, aún cuando el servicio que se presta no sea el adecuado debido a las circunstancias en las que se encuentra la vía o a la realización de obras de mantenimiento o ampliación, como es el caso de las que se llevaron a cabo en el viaducto que cruza la ría de Vigo.
Así de claro lo dejaron los dos fiscales especializados en materia de consumo de Pontevedra, Santiago Miguel Cruces y Alejandro Tuero, en la vista previa que se celebró ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra a raíz de esta demanda. Insistieron en que no solo está en juego la devolución del importe total o parcial de los peajes pagados como consecuencia de las colas generadas por la ampliación de Rande, sino que también se persigue "tratar de evitar que en el futuro esto vuelva a ocurrir". Los abogados de Audasa no interpretan lo mismo y señalan que el juicio se debe limitar a la reclamación por los peajes durante las obras, febrero de 2015 y julio de 2018.
La propia Fiscalía presentó ayer nueva documentación en la que se hace referencia a nuevos atascos ocurridos este mismo año en la autopista como consecuencia de obras de mantenimiento: "La empresa aún no ha cesado en su actitud y sigue cobrando la totalidad de los peajes aún cuando haya alteraciones en la vía". Fuentes de la Fiscalía consultadas explicaban ayer que en caso de sentencia firme condenatoria, el fallo podría obligar a la concesionaria a plantearse la posiblidad de abrir barreras o devolver parte de la tarifa de producirse de nuevo situaciones de este tipo. En cualquier caso, instan a que la concesionaria cese en la actitud actual en la que "Audasa se arroga el derecho a cobrar peaje esté como esté la vía".
Por otra parte, el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra estableció en esta vista preliminar las que se podrían definir como las reglas bajo las que se va a regir el juicio que se celebrará en febrero contra Audasa.
Juicio, el 11 y 12 de febrero
La primera de las decisiones importantes que se tomó ayer son los días en los que va a celebrar el juicio: La vista definitiva tendrá lugar en febrero, el 11 y el 12, en el propio juzgado de lo Mercantil. Se ha elegido esta fecha precisamente para garantizar que haya tiempo para prácticar todas las diligencias pendientes necesarias y entre las que está la citación de los agentes de la Guardia Civil y del personal de la DGT en la provincia de Pontevedra que tuvieron que intervenir como consecuencia de los atascos.
Y es que aquí está otra de las grandes decisiones que adoptó ayer el magistrado titular del juzgado de lo Mercantil número 1. El juez optó por rechazar las testificales que planteaban la Fiscalía y una de las asociaciones que se sumaron a la demanda (En colectivo) de usuarios de la AP-9 que deberían relatar las "brutales retenciones" (en palabras del letrado de En Colectivo) que se produjeron como consecuencia de la ampliación de Rande. El magistrado las rechaza y lo hace por una sencilla razón: cree que se trata de testimonios "interesados", algunos se podría decir incluso que son "denunciantes" y por lo tanto no los considera "testigos relevantes, útiles y pertinentes". La decisión generó la protesta de la Fiscalía y el resto de parte demandantes que considera que son declaraciones básicas para probar que las retenciones se produjeron, además de la importancia de las mismas. Sí admitió una serie de testificales propuestas por Audasa.
Otra de las cuestiones que fijó el tribunal en esta audiencia previa son los hechos controvertidos. Es decir, las cuestiones sobre las que se va a discutir en este pleito. Son, a grandes rasgos, dos: En primer lugar, si existieron cortes de tráfico en la AP-9 como consecuencia de las obras y si fueron de la magnitud y con las repercusiones que se dice en la demanda. Y es que Audasa sostiene que, si hubo retenciones, estas fueron de menor tamaño y, en otros casos, provocadas por "accidentes o incidentes" ajenos a las obras. En segundo lugar, se va a determinar también si, de producirse estos atascos, Audasa tiene derecho a cobrar igualmente el peaje o, por el contrario, está aprovechándose de una situación de superioridad respecto al usuario.
Al rechazar a los testigos propuestos por Fiscalía y la asociación En Colectivo, el tribunal entiende que no deja a los demandantes huérfanos de prueba y, además, el propio magistrado propuso incorporar al proceso otro medio probatorio como es la declaración en sala del personal de la Jefatura Provincial de la DGT y de los agentes de Tráfico que tuvieron algún tipo de información o intervinieron en la gestión de los atascos que se produjeron entre febrero de 2015 y julio de 2018 en la AP-9. Es por ello que se comunicará con Tráfico para que los localice y puedan ser citados a declarar como testigos. A los denunciantes, que se mostraron contrariados por no poder contar con el testimonio de los afectados, esta posibilidad no les disgustó y tienen esperanzas en que la palabra de los agentes sirva también para acreditar la existencia y las graves repercusiones de los usuarios para los atascos.
"Irresponsable"
A la demanda interpuesta por la Fiscalía se sumaron Adicae y En Colectivo, así como al menos otros ocho denunciantes a título particular.Desde En Colectivo, calificaron ayer de "irresponsable" la actitud de Audasa al no plantear la posibilidad de llegar a ningún acuerdo con los demandantes, por lo que anuncian que irán a juicio.
También valoran positivamente el hecho de que el juzgado haya citado a declarar a los agentes que regularon el tráfico en las 200 retenciones que se produjeron entre 2015 y 2018 dado que aportarán una visión "imparcial" de lo sucedido.
Celebran que el tribunal haya considerado "fundada" la tacha que formuló la Fiscalía y el resto de denunciantes contra el perito presentado por Audasa dado que lo consideran "sesgado" y "tendencioso".
