El coto a la pesca de fondo hunde la actividad de la flota: 5 toneladas menos cada día

El Peixiño Primero, de algo más de 23 metros de eslora, faenaba hasta la pasada primavera a la volanta en aguas del Cantábrico. También operaban en esta área los cerqueros Adrina y Carcamán. En pretérito porque, como los buques de Gran Sol Río Mau y Mercedes Emilia, han abandonado el pabellón español para faenar en las más rentables costas de Mauritania y Marruecos. Todos ellos se dieron de baja en España a lo largo del último año, en medio de un triple vendaval que ha azotado al sector: el incremento de costes operativos y de insumos, la agravada falta de relevo generacional y el veto de Bruselas a las artes de fondo en más de 16.000 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. Esta semana se ha cumplido un año de la publicación del Reglamento de Ejecución 2022/1614, que entraría en vigor el 9 de octubre aun sin contar con un informe de impacto socioeconómico, sin datos sobre la huella del palangre de fondo en los ecosistemas marinos y con graves errores de batimetría, como desveló FARO. Desde entonces y hasta este viernes, la subasta en las lonjas gallegas de las principales especies objetivo de Gran Sol –merluza, rapante y rape– alcanzó un volumen de poco más de 32.140 toneladas. Equivale a una pérdida diaria de cinco toneladas en primera venta y en comparación con el mismo periodo de hace un lustro. Y un 20% menos de volumen de negocio: 150.000 euros semanales menos de ingresos.

Solo en el último año, el golpe al sector y solo en estas tres especies supuso una pérdida de más de cuatro millones de euros. Una nimiedad si se compara la actividad de la flota entre los meses de septiembre de 2016-2017, por ejemplo. Entonces la facturación superó holgadamente los 216 millones de euros; en el último año apenas rebasó los 142 millones. Un tijeretazo que la Comisión Europea eludió evaluar antes de poner en marcha el veto y en un proceder que todavía defiende el comisario Virginijus Sinkevicius, como aseguró en una entrevista con este periódico. “No se elaboró un informe de impacto socioeconómico específico antes de adoptar este acto ya que este acto legal solo implementa la regulación de acceso a aguas profundas [...] Además, el procedimiento establecido para la adopción de este acto de ejecución no prevé una evaluación de impacto socioeconómico específica”.

Ese análisis se hizo muy a posteriori, el pasado mes de julio, y puso sobre la mesa lo que el sector ya había advertido y lo que se percibe claramente en lonjas como la de Vigo. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf), al que Sinkevicius no recurrió antes de lanzar su reglamento, estimó una pérdida económica para los buques gallegos de hasta 16,6 millones de euros anuales y, a su juicio, “la flota española es, con diferencia, la más impactada”. De igual forma, apuntó que el valor añadido bruto (VAB) generado por el sector afectado se vería dañado en cerca de un 10%, como máximo. El arrastre, palangre de fondo y las dragas –principalmente francesas, para la pesca de vieira– son las actividades con un mayor perjuicio. El Gobierno español interpuso un recurso ante el Tribunal Europeo contra este reglamento, medida emprendida también por la OPP de Burela y en el que la Xunta se ha personado como parte coadyuvante.

En comparación también con hace cinco años, la mayor pérdida de flota sufrida en Galicia se corresponde a embarcaciones de artes menores. En los de mayor envergadura, el segmento que se ha achicado más es el del arrastre y palangre en aguas ibéricas, con 14 y 5 unidades menos, respectivamente (-21% de reducción, en ambos casos).

Suscríbete para seguir leyendo