El veto a la pesca de fondo “amenaza” con llevarse 228 millones de las lonjas gallegas

Firmado por Madre Querida SL y otras 15 compañías con base en el norte gallego, lideradas por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7), el recurso made in Lugo contra el veto a la pesca de fondo llegó a finales del pasado año con el objetivo de revertir el severo impacto que supone para el sector del mar la implantación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614. Este jueves, tras meses preparando su puesta a punto, la Xunta confirmó que ya presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la demanda de intervención de la comunidad como parte coadyuvante en el recurso presentado por los pescadores lucenses. El objetivo, además de “acompañar” a la flota autonómica durante este proceso legal, pasa por evitar pérdidas de hasta 228 millones de euros al año para las lonjas gallegas.

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Esas son algunas de las previsiones que baraja el Ejecutivo de Alfonso Rueda respecto al desastroso efecto que podrían tener las restricciones secundadas por el comisario Virginijus Sinkevicius, entre las que también se estiman pérdidas anuales para la flota autonómica que podrían alcanzar los 216 millones de euros.

La medida de Bruselas, que a partir del 9 de octubre prohibió en 87 áreas del Atlántico Norte un conjunto de artes entre las que se incluyen el palangre de fondo, es vista a ojos de los armadores como una norma fundamentada en argumentos “inconsistentes” y “perjudicial” para la economía de Galicia: un sentimiento compartido por el Gobierno autonómico, que defiende la necesidad de paralizar un veto que considera “totalmente arbitrario, sin estudios científicos que lo avalen, e injustificado”.

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Desde la Xunta, evidencian que el pesquero es un sector estratégico tanto por su peso económico como por su dimensión social, ya que aporta el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, casi el 5,5% del Valor Añadido Bruto, y es el cuarto sector con mayor volumen de exportaciones.

Asimismo, recuerdan que no se realizaron informes previos de impacto socioeconómico, comprometiendo “la viabilidad de la flota y muchos puestos de trabajo”. Según sus cálculos, “el veto pone en riesgo de forma directa el futuro de estas 200 embarcaciones y de casi 2.300 tripulantes mientras que de forma indirecta están amenazadas alrededor de 900 embarcaciones y otros 2.400 profesionales del mar”.

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Por si fuera poco, el Ejecutivo de Alfonso Rueda advierte que el impacto “puede agravarse en el futuro”, afectando a un sector que es “vital” para la economía de un tercio de los municipios gallegos.

A nivel de capturas, durante los 100 primeros días de vigencia de esta prohibición las mismas descendieron un 22% para la flota afectada. Una caída que en muchos casos “llegó al 50%”, especialmente para algunos barcos que faenan en Gran Sol.

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