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La flota reclama una acción “urgente” y reprueba que Madrid limite el impacto del veto a artes de fondo

“Es una escabechina para el palangre”, condenan | El ministro no descarta ahora pedir una moratoria para frenar su ejecución

La flota reclama una acción “urgente”. Ricardo Grobas

La número dos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, rebajó este jueves el perjuicio inmediato de la normativa que acaba de aprobar Bruselas, que impone un veto a las artes de pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. “Al principio será reducido”, esgrimió. Unas palabras que han disgustado al sector pesquero, que entiende que es “urgente” tanto la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como la solicitud de una moratoria. Su objetivo es claro: que el denominado “acto de ejecución”, que impactará sobre un millar de embarcaciones de la flota gallega, no se empiece a aplicar a partir del 9 de octubre. “Va a ser una escabechina para el palangre”, inciden fuentes próximas a la patronal española Cepesca. “No saben de qué están hablando, es un desastre”, compartía, desde un buque de Gran Sol, un patrón en activo. Para Villauriz no es posible solicitar una suspensión temporal, extremo que desmienten las mismas fuentes. “Desde luego que sí, como principio de precaución, pero siempre y cuando se haya denunciado primero".

El ministro Luis Planas se mostró ayer más proclive a este escenario e instó a evaluar “todas las posibilidades”. Una vez más, defendió que es un recurso ante el TJUE el mecanismo que ha de defender los intereses del sector, particularmente el español. “Estamos trabajando con los servicios jurídicos del Estado. Los pescadores cuidan el mar, saben que es su medio de vida, pero si alguien unilateralmente, con informes científicos, saca consecuencias excesivas, el Gobierno y el sector no están dispuestos a aceptar”, abundó.

Por otra parte, los Puertos de Interés General del área Noroeste de España mostraron ayer su rechazo formal al veto de la pesca de fondo promulgado por la Comisión Europea ya que, a su juicio, “carece de soporte científico sólido y de un estudio socioeconómico imprescindible en estas circunstancias de crisis mundial”. Así, las autoridades portuarias de Vigo, A Coruña, Marín, Vilagarcía de Arousa, Ferrol-San Cibrao, Pasajes, Avilés, Gijón, Santander y Bilbao han firmado un manifiesto de oposición a esta norma tras participar en una mesa redonda organizada por la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao.

En este sentido, el máximo responsable de la terminal olívica, Jesús Vázquez Almuiña, los puertos más importante de España “y por tanto, de Europa” rechazan la norma que “pone en riesgo la soberanía europea de la pesca”, al tiempo que supondría un incremento de las importaciones de pescado de otros países no europeos “que no cuentan con la garantía de sostenibilidad ni de calidad que sí se tiene aquí”. El manifiesto rubricado por los presidentes de las distintas radas a iniciativa del propio Vázquez Almuiña está en la misma línea del Consello Galego de Pesca y recuerda que, a pesar de que la pesca “ha sido uno de los pilares del sector alimentario durante la crisis sanitaria”, tiene ahora un panorama “todavía más difícil” por la subida del precio del combustible y por las políticas de Bruselas, que acaba de publicar la norma del veto a la pesca de fondo en 87 caladeros de aguas comunitarias del Atlántico.

Los socialistas de la provincia, a por la suspensión de la norma. FDV

Los socialistas de la provincia, a por la suspensión de la norma

La aprobación del reglamento que pone coto a las artes de pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias ha generado una inmensa ola de apoyo al sector pesquero. Los gobiernos locales socialistas de la provincia han lanzado también un comunicado en el que reclaman la inmediata suspensión de dicho acto de ejecución, que entrará en vigor el 9 de octubre, y defienden la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Un cambio tan drástico no puede salir adelante sin escuchar a las empresas y trabajadores del mar”, defiende.

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