El pacto entre la Fiscalía y el presidente de los enfermeros exonera a su mujer y su hija

Tres años y dos meses después, está llegando a su fin el proceso judicial por el escándalo que rodeó la gestión del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra y en el que su presidente, Carlos Fernández Gómez, su mujer, Carmen, y su hija Estefanía fueron investigados por blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental.

La celebración del juicio oral está prevista para dentro de una semana, el jueves 9 de mayo, en la sección quinta de la Audiencia Provincial. Se presupone que será una vista sencilla, ya que existe un acuerdo de conformidad entre la defensa y la Fiscalía para evitar la celebración del juicio. Según este, el ministerio fiscal reduce su acusación a Carlos Fernández, por lo que el Juzgado de Instrucción número 2 ha acordado el sobreseimiento de la causa respecto a las otras dos personas.

Según un escrito de acusación, rubricado el 21 de septiembre del año pasado, la fiscal dirige su acusación contra el presidente del COEPO solo por un delito de gestión desleal y pide por ello una pena de prisión de dos años, con inhabilitación profesional también por dos años, así como seis meses de multa con una cuota de 5 euros al día. Propone una condena por responsabilidad civil que asciende a 157.870 euros. El documento también lleva la firma del acusado y el abogado de la defensa, mostrando su conformidad.

El escrito de acusación especifica que, “con pleno conocimiento del perjuicio que ocasionaba a la entidad pública”, Carlos Fernández realizó “disposiciones de dinero de manera injustificada” –mediante cheques al portador por 28.021 euros, “de los que no se tiene constancia del destino”– y “orquestó una operación” con las sede viguesa del COEPO como objeto.

¿Qué es del Colegio de Enfermería?

Sobre esto último, indica que “dirigiendo e interviniendo de manera sucesiva”, estas maniobras permitieron la adquisición de los locales de la calle Aragón por parte del colegio y de una de las empresas vinculadas a él, Galaprint. “Sucesivamente afianzaría a la mercantil en la mayor cuota de los inmuebles que constituirán la sede del colegio, damnificando a este; y, finalmente, lograría posicionarlo como arrendatario de Galaprint sobre la superficie que anteriormente era propia”, resume.

Especifica que esto lo hizo “bajo la disposición de dominio y mandato que ejercía en la dirección de la Junta General del COEPO y las decisiones adoptadas en su seno, siguiendo la consciente arquitectura dañina que había ingeniado para la entidad pública”.

"Sin constancia documental"

El perjuicio de este “plan trazado por el acusado en una operación conjunta” de adquisiciones, la fiscal lo fija en 129.849,08 euros.

Añade que, “sabiendo que con ello perpetuaba el perjuicio ideado desde su fase inicial, arrancó contrato de arrendamiento sobre esta superficie en el que COEPO pagaría a Galaprint durante toda la vigencia de su mandato”. El pacto “fue fraguado por el acusado sin dejar constancia documental cierta”. Solo con una referencia a un contrato de una duración de 25 desde la firma y que finalizaba el 2 de marzo de 2030 por una renta de 2.553,94 euros más IVA.

La fiscal agrega que, no obstante, “no ha podido acreditarse que en el particular de los arrendamientos existiese perjuicio en el precio estipulado en su confrontación con los precios de mercado”.

Del procedimiento se han apartado el resto de acusaciones.

Carlos Fernández Gómez sigue figurando al frente de la presidencia del COEPO –a la que accedió en 1985 y nunca abandonó–, pero no habría “querido incorporarse” a ella tras su detención, según explican desde los servicios jurídicos del colegio.

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