La jueza investiga el presunto robo de más de 200 clientes a una agente de seguros

El presunto robo de una importante parte de la cartera de clientes de una agente de seguros por parte de su exmarido para supuestamente cederla de forma ilícita a una conocida correduría de la ciudad con más de dos décadas de trayectoria centra una investigación que acaba de arrancar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. ¿Hubo un delito de revelación de secreto empresarial, en este caso concreto los datos personales y confidenciales propios del listado de clientela de una agencia de estas características? Esto es en lo que tendrá que indagar la magistrada que, en un reciente auto judicial, admite a trámite la querella presentada por la perjudicada, incoa diligencias previas y acuerda recibir declaración el 28 de mayo en calidad de querellados a J.F.R., el exesposo y exempleado de la denunciante, al que se atribuye el supuesto apoderamiento ilegal de dicha información, y a R.P.N., responsable de la correduría que se habría hecho con dichas pólizas, según la querella, “valiéndose de datos obtenidos de forma fraudulenta y de la actividad ilegal de captación” realizada por el primero.

La jueza, previo informe de la Fiscalía que valoró que “el relato fáctico y los términos de la querella gozan de verosimilitud” y se adhirió a parte de las diligencias de investigación solicitadas, considera que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos contra el mercado y los consumidores”, el capítulo del Código Penal donde se incluye el principal ilícito que artícula la querella, el de revelación de secretos de los artículos 278.1 y 279. El primer artículo castiga a quien “para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo” y, el segundo, “la difusión, revelación o cesión” de dicho secreto de empresa “llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente deber de guardar reserva”. En la querellase atribuye a mayores a J.F.R. la supuesta autoría de delito de intrusismo profesional “por invadir una profesión, la de mediador de seguros, sin la titulación necesaria ni el título habilitante”.

Daño

La perjudicada es A.B.F.G., con agencia de seguros en la calle Eduardo Iglesias y agente exclusivo de Allianz, compañía, afirma, que la ha apoyado en todo momento. “El daño personal y profesional es tremendo, perdí clientes que tenían hasta 8, 9 y 10 pólizas conmigo. Para mí, lo sufrido es un robo y lo puedo demostrar. Acudir a la Justicia es la única vía que tengo para defender mis intereses”, dice esta mujer, con experiencia en el sector desde 2011 y que, denuncia, ha sufrido una “merma” de clientes que ha frenado su crecimiento profesional: “A día de hoy tengo 521 clientes y 683 pólizas; lo habitual era que gestionase más de mil”.

El principal querellado fue marido hasta 2020 de esta mujer y estuvo contratado en su agencia para labores administrativas hasta noviembre de 2022, cuando lo despidió porque la situación era ya, describe, “insostenible”. El abogado de la querellante, Antonio Heredero, socio de BGI-LAW, describe que los hechos consisten “en el apoderamiento ilegal” por parte de J.F.R. “de los datos de todos los clientes” de la cartera de su exesposa. “Prevaliéndose del conocimiento que tenía de los mismos y de las condiciones de contratación, una vez despedido de la empresa, conocedor de que no tenía la condición de mediador de seguros, contactó con el otro querellado para, a través de su correduría de seguros, que sí es mediadora autorizada, ofertarles mejores o iguales condiciones a los clientes, a los que ocultó que ya no trabajaba ni podía trabajar para Allianz”.

Con este proceder logró supuestamente que los clientes de A.B.F.G. firmasen “un cambio de mediación” a favor de la correduría de R.P.N. –con el que este periódico trató ayer de contactar sin éxito– o que anulasen sus pólizas con la querellante para “contratar directamente” con esa otra empresa. La querella cifra las pólizas sustraídas en 232 y el perjuicio en al menos 28.998 euros y a cinco años vista –vida media de un cliente fidelizado en una compañía– en 144.969 euros. Los hechos denunciados habrían cesado en noviembre de 2023, cuando se presentó la querella y antes de que la correduría denunciada fuese adquirida por un grupo de ámbito nacional.

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