¿Por qué todavía no se limita el precio del alquiler en Vigo?

Concello de Vigo y Xunta de Galicia vuelven a cruzarse en el camino. La responsable municipal del área de Urbanismo e Vivenda aseguró que el Ayuntamiento “estudia” la declaración de zona tensionada del alquiler –permitiría limitar los precios en determinados supuestos–, medida que debe pedir al gobierno autonómico y este aceptarla para poder aplicarse. Espera dar este paso, según precisó, cuando la entidad de San Caetano, que tiene las competencias en materia de vivienda, le aporte a la de Praza do Rei los datos “reales y oficiales” de las cuantías de las rentas de los contratos de arrendamiento, una información a la que tiene acceso a través de las fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta.

Caride hizo esta explicación en su intervención para explicar la abstención del grupo socialista –el PP también se abstuvo– a la moción presentada por el BNG en el pleno municipal ordinario para declarar Vigo como zona tensionada de vivienda, limitar la proliferación de los pisos turísticos y reclamar compromisos concretos a los gobiernos vigués, gallego y español con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar, un derecho recogido por la Constitución.

Santiago y A Coruña exigen declarar zonas de alquiler tensionadas mientras Vigo lo rechaza

Este bloque de acciones aprobado por la corporación e impulsado por los nacionalistas no sirve para obligar a ninguna administración a agilizar ningún proceso, sino, simplemente, para conocer las posturas de los grupos y rendir cuentas al respecto en un futuro si las intenciones se guardan en el cajón. Su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, destacó que el precio del alquiler aumentó un 48,46% en la última década, según el Observatorio da Vivenda de Galicia.

El concejal Miguel Martín, que estrenó en el pleno la portavocía del grupo municipal popular tras la marcha de Marta Fernández-Tapias, recordó que la Xunta ya ha dicho que “tramitará ante el Ministerio todas las peticiones que le lleguen de los concellos” para la declaración de zonas tensionadas de alquiler. Apostilló que es el gobierno de Abel Caballero el que “debe precisar y justificar” las áreas que quiere acotar para poder aplicarse esta medida, recogida en la nueva ley de vivienda estatal, en vigor desde mayo e impulsada por el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE en la anterior legislatura.

Vigo es la ciudad gallega que cuenta con más zonas tensionadas para el alquiler

En todo caso, Martín mostró su rechazo a esta vía para rebajar el precio de los arrendamientos, que son de récord, porque “logrará lo contrario”: limitar la oferta y subir los precios. En cambio, defendió la necesidad de aumentar la oferta a través del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM): acusó al gobierno local de ser incapaz de sacarlo adelante –necesita los informes de Aviación Civil y Telecomunicaciones, dependientes del Gobierno central, así como el visto bueno de la Xunta de Galicia–.

Caride lamentó que el gobierno gallego considera la vivienda un “negocio” y no un “derecho” y defendió la apuesta del Concello en vivienda social: citó los más de 200 pisos que proyecta en el parque central de servicios (Lavadores) o una experiencia piloto con una ONG para facilitar el acceso a un hogar a gente vulnerable.

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