La Sareb valora recurrir el fallo del TSXG sobre la Privada Moderna

Los equipos jurídicos están estudiando la decisión del alto tribunal gallego

Los vecinos critican que eluda sus “responsabilidades” y piden ayuda de nuevo a la Valedora do Pobo

Vecinos de la Privada Moderna instan al Concello a que ejecute las obras urgentes.

Pedro Fernández

Les cae agua sobre sus muebles cuando llueve y sufren humedades desde hace años. Tienen dos sentencias judiciales a su favor para que la casera les arregle los desperfectos y puedan considerar que las casas en las que residen desde hace décadas siguen siendo sus hogares. Pero hay un lunar: la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), propietaria, participada mayoritariamente por el Estado, hace oídos sordos. Resultado: la desesperación de los vecinos aumenta, y lo hace de forma exponencial ahora, en pleno otoño y a las puertas del invierno, con alerta naranja por fuertes precipitaciones.

Fuentes del también conocido como 'banco malo' avanzan a FARO que estudiará la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que el alto tribunal gallego desestimó recientemente su recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en octubre de 2017 por la Xerencia Municipal de Urbanismo para que ejecute obras de conservación. Tiene hasta el próximo 26 de enero para decidir: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala especial de casación del TSXG. “Tendrá que analizarse para decidir si se acata la sentencia o presentamos recurso”, anotan.

Estas mismas fuentes indican que la Sareb, en todo caso, acatará la sentencia cuando sea firme, pero, por ahora, trasladan que los equipos jurídicos están “estudiando” la decisión del TSXG. “Al ser dinero público, estas cuestiones tienen que estudiarse”, explican antes de añadir que se mantiene “la vía de comunicación” con los vecinos de la Privada Moderna “por si quieren aceptar las ofertas de reubicación”. Los residentes lamentan la posición de la casera y alertan del “agobio” que padecen ante la demora en la rehabilitación de sus hogares. “No quiere asumir sus responsabilidades como ente de participación mayoritariamente pública. Quieren alargar este proceso para cansarnos”, lamentan. Según denunciaron en varias ocasiones, llevan años soportando “acoso” por parte de la entidad para que se vayan.

El 'banco malo' indicó a FARO hace más de dos meses que a las familias afectadas “se les ha ofrecido realojo en viviendas más modernas y con ascensor situadas en el centro de Vigo por el mismo precio de alquiler”. “Tenemos fotos y localizaciones de nuestra oferta”, aseveran. Los vecinos, sin embargo, denuncian que los pisos que se les mostraron “son un desastre”. “Son pequeños, de unos 30 metros cuadrados, y están en mal estado: sin los marcos de las puertas, con los cristales rotos y hasta sucios. Llegamos a ver un tampón en el suelo”, explicaron los residentes a este periódico, los cuales han vuelto a pedir ayuda a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

“Queremos conocer el estado de los expedientes de Urbanismo, que, desde 2017, están sin resolver, y por los cuales el Concello impuso multas coercitivas en abril de este año. Son expedientes de obras urgentes”, anota uno de los residentes. Ya tienen respuesta de la Valedora do Pobo. Con fecha de 23 de noviembre, informó que se iniciaban las actuaciones oportunas ante el Ayuntamiento olívico –al que los vecinos le piden reiteradamente que actúe de forma subsidiaria– para requerir información al respecto, a entregar en un plazo de 15 días.

Semanas antes de que el Gobierno de España anunciase la derivación de pisos de la Sareb al alquiler social, el 'banco malo' recurrió la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo del 7 de febrero de este año que les da la razón al Concello y los vecinos de la calle Privada Moderna al desestimar su recurso contra siete órdenes de ejecución del 20 de octubre de 2017, hace más de seis años.

En estos escritos, seguidos después de multas coercitivas derivadas de incumplimientos, el departamento municipal instó a la entidad a que ejecute obras –algunas son de carácter urgente– de conservación en las cubiertas para impedir la filtración de agua y la aparición de humedades, de reparación o renovación de redes de fontanería y saneamiento, y de reparación o reposición de elementos dañados en portales y escaleras, como falsos techos.

La Sareb impugnó las órdenes de ejecución del Concello pretendiendo defender que las viviendas se encuentran en situación de ruina económica, circunstancia que rechazó el ente municipal –solo fue declarado en ruina técnica uno de los pisos en marzo de 2021, el 107-D de la calle San Roque–. La primera sentencia también concreta que la Sareb excusó que, para llevar a cabo esos trabajos, se precisaba el desalojo de los inquilinos, afirmación desmentida en resoluciones definitivas dictadas en los expedientes municipales de orden de ejecución de obras.

El alto tribunal gallego apoya la sentencia de febrero, que indica que en ninguno de los informes técnicos municipales emitidos en estos expedientes revisados se alcanzó la conclusión de que el coste de ejecución de las obras urgentes y las acciones para reforzar la seguridad y conservación de las edificaciones excediera la mitad del valor de construcción de un inmueble de nueva planta, referencia que toma como tope la ley del suelo de Galicia y refleja en el apartado segundo del artículo 135.

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20 octubre 2017. El Concello emite siete órdenes de ejecución de obras de reparación de las viviendas de la Privada Moderna, cuyos vecinos viven con goteras cada vez que llueve y humedades.

7 febrero 2023. El juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo da la razón al Concello y los vecinos al desestimar su recurso contra siete órdenes de ejecución del 20 de octubre de 2017.

20 noviembre 2023. El TSXG confirma la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Vigo y desestima el recurso de la Sareb: debe rehabilitar las viviendas.

26 enero 2024. Finaliza el plazo para interponer el recurso a la sentencia del TSXG, que es de 30 días. La Sareb avanza a FARO que están estudiando si recurrir o acatar el fallo.