La “tormenta perfecta” que planea sobre el Juzgado Mercantil

Los concursos de acreedores de familias endeudadas no paran de aumentar y todos, sin excepción, competen a la misma sala en la que recaerá la avalancha de litigios del “cártel de los coches”

Vigo solo cuenta con un juzgado especializado en materia mercantil.

Vigo solo cuenta con un juzgado especializado en materia mercantil. / Alba Villar

Marta Fontán

Marta Fontán

En la planta 18, casi en la cúspide de la gran torre de la Ciudad de la Justicia de Pizarro, se ubica el único juzgado de lo Mercantil que tiene su sede en Vigo, una sala sobre la que se esta cerniendo una especie de tormenta perfecta que amenaza con llevarla a un colapso sin precedentes. Es a este tribunal a donde llegará, entre finales de este año y a lo largo del próximo 2024, la previsible avalancha de más de 20.000 litigios que grandes despachos especializados están ultimando en relación con el escándalo del “cártel de los coches”. El hecho de que Stellantis España S.L., que agrupa a parte de las marcas sancionadas, tenga su sede social en la ciudad olívica explica esta situación.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha pedido medidas de refuerzo para evitar o al menos mitigar el atasco que se puede formar. Pero es que este juzgado también es competente para otro tipo de procedimiento que no ha dejado de crecer en los últimos años. Se trata de los concursos de acreedores instados por familias ahogadas por las deudas: entre los que presentan estos particulares y los formalizados por las empresas la sala ya suma, cuando aún falta un mes para que termine el año, 275 procedimientos de esta materia compleja y de larga tramitación en la que cada caso tiene sus particularidades.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó esta misma semana su último balance sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales. Los distintos tipos de concursos de acreedores se incluyen en esta estadística. Los datos arrojan que en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo y en los del resto de la provincia de Pontevedra de idéntica especialidad se presentaron un total de 563 concursos de acreedores. 414 de ellos, es decir el 74%, fueron formalizados por personas naturales no empresarias, es decir, por particulares que, ahogados por las deudas, acuden a la vía judicial para intentar librarse de ellas y poder empezar de cero al abrigo de la Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en España en 2015. Otros 58, que representan otro 10%, fueron presentados por personas naturales pero que tienen la condición de empresarias –esta vía suele ser muy utilizada por los autónomos–. Y 91 más, que suponen el 16% restante, los formalizaron empresas.

Un incremento de casi el 2.000 por ciento

Los concursos presentados por familias aumentaron la friolera de casi un 2.000 por ciento desde que hace menos de una década empezó a aplicarse la Ley de Segunda Oportunidad, que pese a su corta vida afrontó ya importantes cambios en 2022 a raíz de la reforma de la Ley Concursal. Algunos de los detonantes que han llevado a muchos vigueses a una insoportable espiral de deudas e impagos son circunstancias como despidos, divorcios o, en algunos casos, la ludopatía. El hecho de que este instrumento judicial sea cada vez más conocido, junto al contexto económico actual caracterizado por la subida de precios de productos básicos, de las hipotecas y de los alquileres, son algunas de las claves del crecimiento imparable de los procesos concursales impulsados por las personas físicas, que han relegado a un segundo plano a los tradicionales, los de las empresas.

Pues bien, en Vigo todos los concursos de acreedores recaen en el único juzgado competente, el de lo Mercantil. Y a esta misma sala también corresponden los asuntos del “cártel de los coches”, como en su día también ocurrió con los del “cártel de los camiones”: la avalancha que se pronostica aún no ha llegado, pero desde que en enero la magistrada titular dictó la primera sentencia condenatoria sobre esta materia ya ha habido un goteo de demandas, con la particularidad de que tres de ellas agrupan cada una a decenas de afectados por los sobreprecios que cobraron las marcas en la venta de vehículos.

Foto de archivo del salón del automóvil que se celebra en el Ifevi.

Foto de archivo del salón del automóvil que se celebra en el Ifevi. / José Lores

El volumen máximo de asuntos recomendado por el Poder Judicial para un juzgado Mercantil es de 435 casos anuales, incluyendo la ejecución. ¿Cómo afrontará la sala viguesa los 20.000 procedimientos del “cártel de los coches” que espera recibir en 2024? Por un lado, y a petición del juez decano vigués Germán Serrano, el TSXG ya solicitó refuerzos a CGPJ y Xunta: plantea que los dos magistrados de los juzgados mercantiles con sede en Pontevedra vengan a Vigo a celebrar juicios y pide también que se amplíe la plantilla de funcionarios.

Montañas de expedientes

Y a la espera de lo que se decida sobre estas medidas de apoyo, otra fórmula para evitar que el juzgado se hunda entre montañas de expedientes sería ir acumulando grupos de 50 o 100 demandas en un único procedimiento, lo que daría lugar, en cada uno de ellos, a un único juicio y una única sentencia. Es una solución que se valorará en firme porque tiene encaje legal y es idónea, afirman las fuentes judiciales consultadas, para gestionar el aluvión que se espera.