Una previsible avalancha de 23.000 pleitos del “cártel de los coches” obliga a pedir refuerzos

Grandes bufetes comunicaron al Juzgado Mercantil su intención de presentar este volumen de litigios entre finales de este 2023 y 2024 al estar en Vigo la sede social de Stellantis, que agrupa a parte de las marcas sancionadas

Imagen de archivo del salón del automóvil celebrado en este 2023 en el Ifevi.

Imagen de archivo del salón del automóvil celebrado en este 2023 en el Ifevi. / José Lores

Marta Fontán

Marta Fontán

Ni las preferentes ni las cláusulas suelo. Ninguna de las avalanchas de pleitos vividas hasta la fecha en Vigo es comparable al aluvión de litigios que se esperan de forma inminente por el “cártel de los coches”. Grandes despachos especializados han comunicado al único juzgado de lo Mercantil con sede en la ciudad olívica su intención de presentar entre finales de este 2023 y a lo largo de 2024 más de 23.000 demandas de conductores afectados por el escándalo de los sobreprecios en la venta de vehículos en el que incurrieron la mayoría de empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles con representación en España entre febrero de 2006 y el verano de 2013. La previsión es que en lo que queda de año puedan entrar ya 3.000 asuntos y que a lo largo del próximo ejercicio sean otros 20.000. El motivo es que es en Vigo donde Stellantis España S.L., grupo empresarial que agrupa a parte de las marcas sancionadas, tiene su sede social. Y en aquellas demandas dirigidas contra esta multinacional la elección de los bufetes será traer las reclamaciones de los perjudicados de toda España a Vigo al optar por el criterio de formalizarlas en el domicilio del demandado y no en el del consumidor, para evitar tener litigios salpicados por tribunales de todo el país.

Un aluvión así y en tan corto período de tiempo es algo inaudito en Vigo. Con la circunstancia agravante de que todos los asuntos recaerán en un solo juzgado, el Mercantil, por ser el competente en la materia. Para hacerse una idea de lo que supone, los 23.000 casos que prevé recibir este tribunal en poco más de un año son el 49% de los algo más de 47.000 procedimientos que registraron los casi 40 juzgados vigueses durante todo 2022. “Es inabarcable, si no se toman medidas de refuerzo el Mercantil se hunde”, afirman las fuentes consultadas en relación a esta sala que, además, debe seguir tramitando el resto de asuntos que le competen, entre los que están los concursos de acreedores, incluidos los de personas físicas, los de particulares, que se han disparado.

El TSXG plantea medidas de apoyo

Pues bien, ante este escenario, ya se han empezado a tomar las primeras medidas. Tras comunicarle la magistrada titular del Mercantil la previsión que se maneja, el juez decano vigués, Germán Serrano, elevó un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en la Sala de Gobierno del pasado viernes dio el visto bueno a la petición trasladada y aprobó solicitar refuerzos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar el colapso del juzgado. Lo que propone es que, a través de una comisión de servicios, los magistrados de los dos juzgados de lo Mercantil con sede en Pontevedra entren en el reparto de estos asuntos del “cártel de los coches” a la vez que se autorice un autorrefuerzo para la propia titular del juzgado de Vigo. La idea es destinar tres días a la semana –una jornada para cada uno de los jueces– a la celebración de estos juicios, para lo cual los dos magistrados pontevedreses deberán trasladarse a la urbe olívica.

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Prácticas contrarias a la competencia

Las marcas sancionadas incurrieron en prácticas contrarias a la competencia al intercambiar información y pactar y elevar los precios.

Desde 2006 hasta el verano de 2013

El “cártel de los coches” estuvo activo desde febrero de 2006 y hasta el verano de 2013, por lo que hay millones de compradores afectados.

La primera sentencia en Vigo fue este año

La primera sentencia sobre este escándalo emitida por el Juzgado de lo Mercantil de Vigo fue de enero de 2023 y fijó el perjuicio en un 5%.

El TSXG también ha elevado la solicitud a la Xunta para que se dote a su vez de más funcionarios al juzgado. Desde Vigo se pidieron al menos dos trabajadores más para reforzar la plantilla, que es de solo cinco funcionarios, inferior a los ocho que suele haber en la mayoría de órganos unipersonales.

"Anticiparse" al problema que viene

Peugeot, Citroën, Opel, Fiat o Lancia, todas entre las sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, son algunas de las marcas que integran el grupo Stellantis, de ahí que se esperen en Vigo tan ingente número de pleitos. “Van entrando demandas y se dictaron sentencias; de momento no hay avalancha, pero es una previsión y debemos estar preparados para lo que venga”, afirmaban ayer las fuentes judiciales consultadas. El juez decano valoró que con los refuerzos que acaba de solicitar el TSXG “lo importante es que nos estamos anticipando al problema”, reconociendo que, hasta la fecha, no se han enfrentado a un aluvión comparable “en un solo juzgado”, como es el caso, y “en un espacio de tiempo relativamente corto”.

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Una de las cuestiones más complejas del “cártel de los coches” es determinar el sobrecoste que pagaron los afectados por el pacto de las marcas. La magistrada de lo Mercantil de Vigo dictó la<strong> primera sentencia en enero</strong> y fijó el perjuicio, es decir, la indemnización para el perjudicado, en un 5% de lo abonado por el vehículo. Y, en el resto de resoluciones hasta la fecha, ha estimado prácticamente todas las demandas con idéntico criterio en cuanto a la cuantificación del daño. El juzgado ya recibió varias decenas de casos de esta materia, entre ellos tres que agrupan a multitud de litigantes. ¿Y cómo gestionar el aluvión que se espera? ¿Cómo dar salida a 20.000 pleitos? Junto a los refuerzos, otra solución sería la de ir acumulando grupos de 50 o 100 demandas en un solo procedimiento, lo que daría lugar, en cada uno de ellos, a un único juicio y una única sentencia. Se está a la espera además de que la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva el primer recurso de apelación y fije criterio. Porque a partir de ahí podrían entrar en escena soluciones alternativas como la mediación o el arbitraje, lo que también aliviaría al juzgado.

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