París sí toca las cuentas de sus “audasas”: las concesionarias pagarán una tasa extra

El contrato concesional suscrito entre el Gobierno y Autopistas del Atlántico (Audasa) ha sufrido infinidad de addendas –vía Real Decreto– con el objetivo de dar cabida a bonificaciones de peajes, ampliaciones de plazos o de infraestructuras. Pero su esencia ha sido siempre la misma: el riesgo asumido por la compañía, gracias al colchón desplegado por el erario público, es mínimo.

Lo recuerda la gestora de la AP-9 en sus informes anuales: “Se establece el derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero en el caso de que se produzcan circunstancias ajenas al riesgo y ventura del concesionario, lo que limita de forma significativa los riesgos de la actividad”. Audasa ha echado mano de ese “derecho”, por ejemplo, para reclamar 46 millones de euros por la caída de tráficos en la pandemia. Y, conflictos bélicos aparte, tiene garantizada una revalorización de los peajes con la inflación, con un 1% adicional hasta 2038. Un blindaje absoluto en favor de la salud financiera de la compañía que contrasta con la medida que aplicará Francia a sus concesionarias a partir de enero: un impuesto extra para contribuir a sufragar el macroplan de transportes (Plan d’avenir pour les transports) de la ministra liberal Elisabeth Borne.

Se trata de una tasa a infraestructuras para el transporte de larga distancia, que se aplicará sobre las concesiones de autopistas y los aeropuertos. El Elíseo, en manos del partido conservador Renaissance (antes La République En Marche!) aspira a ingresar 600 millones anuales. “Las inversiones imperativas para la transición ecológica son altísimas, hay que garantizar que quienes más contaminan contribuyan más”, defendió el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Con un mandato claro: las concesionarias no podrán repercutir esta nueva tasa en el usuario, una cláusula que ha provocado una airada protesta de homólogas de Audasa como Eiffage o Vinci. Esta última, de hecho, ha asegurado que sí trasladarán a los conductores todo el peso de esta tasa extra.

En concreto, este impuesto se aplicará cuando las concesionarias superen un volumen de facturación de 120 millones de euros anuales. Si sus ingresos son de 130 millones, por ejemplo, se aplicaría un 4,6% de retención sobre 10 millones de euros; si facturase 200 millones, el gravamen sería respecto a los 80 millones, y así sucesivamente. En caso de que la concesionaria de la AP-9 tuviese que encajar una tasa equivalente, y dado que sí factura por encima del umbral delimitado por París, le correspondería una aportación de casi 2,4 millones de euros a las arcas públicas, tomando como referencia sus resultados auditados del ejercicio pasado. Al margen, claro, de los impuestos ya aplicados en España sobre la actividad empresarial de Audasa.

La prórroga

Sea cual sea el umbral de inflación que determine el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que en noviembre rondó el 3,2%, la concesionaria de la AP-9 revalorizará los peajes conforme al indicador, con ese punto extra. Lo que todavía no ha determinado el Gobierno es hasta qué punto aplicará ayudas para paliar las subidas. El año pasado Audasa los elevó en un 9,46%, de los que un 4% fue asumida por los usuarios y la ratio restante por el erario público.

Y así será pese al expediente de infracción que pesa sobre la concesión por parte de la Comisión Europea y que fue formalmente notificado en septiembre de 2021. Ni Madrid ni Bruselas han querido aclarar cuándo se conocerá la decisión final, que podría –como sucedió en Italia– devolver la autopista al Estado. Una decisión que, a juicio de Audasa, conllevaría una indemnización a su favor superior a los mil millones de euros.

Por lo pronto, la última declaración oficial al respecto ha sido del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a una pregunta por escrito de la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. “La Comisión ha efectuado varios intercambios y ha mantenido varias reuniones con las autoridades españolas y sigue evaluando el asunto”, apuntó este mismo viernes día 1 de diciembre. Breton solo ha incidido en que las dos partes buscan una “solución adecuada”, sin aclarar si se refiere a una eventual indemnización a Audasa. Sin esta prórroga, la concesión tendría que haber rematado el pasado mes de agosto.

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