La franja antiincendios de Vigo, a la espera de identificar a los dueños de 20.000 parcelas

No se conoce quién es el propietario de una de cada tres parcelas sobre las que hay que actuar para generar la franja de gestión de biomasa, un proyecto de competencia del Concello de Vigo pensado para frenar el avance de los posibles incendios hacia las viviendas. Son en torno a 20.000 repartidas por diferentes partes del municipio olívico sobre un total aproximado de 60.000, según indican a este periódico desde la Mancomunidade de Montes de Vigo, entidad que traslada su preocupación al respecto de una cuestión que viene de antiguo y “afecta a todos”.

“Mayoritariamente, están desatendidas o abandonadas”, destacan desde la Mancomunidade viguesa, a la vez que indican que gran parte se ubican cerca de zonas residenciales y tienen una escasa dimensión fruto de la división de propiedades derivada de procesos hereditarios. Explican que, por lo general, al pasar de manos de los abuelos a los padres, se perdió parte del interés en estas parcelas, atractivo que se redujo todavía más con los hijos. “Algunos dueños ni siquiera saben dónde se encuentran estos terrenos”, lamentan.

Esta situación es consecuencia del abandono del rural y de las actividades relacionadas en el marco de “urbanización” social, como apuntan desde la Mancomunidade de Montes de Vigo, por lo que urgen la actuación del Concello de Vigo antes de que sea tarde y se puedan repetir las consecuencias de los incendios devastadores registrados en octubre de 2017, episodio que se saldó con unas 1.600 hectáreas calcinadas y el fallecimiento de dos mujeres en Nigrán en el interior de una furgoneta y de un hombre en la urbe olívica.

El presidente de la Mancomunidade, Uxío Montes, indica que es una “lástima” que el gobierno de Abel Caballero “no se acoja al convenio” que la Xunta tiene con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el alcalde socialista de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, para “actuar en esas zonas”. “Sería la Xunta la encargada de intervenir en estas propiedades si no localiza al propietario, sacándole la responsabilidad al Concello. Empezamos a hablar de la franja de biomasa hace unos tres años ya”, añade.

González comenta que este pacto “facilitaría muchísimo” la gestión de las propiedades privadas, puesto que los dueños solo tendrían que pagar 350 euros por la limpieza de cada hectárea. “Actuar en un terreno de 1.000 metros cuadrados costaría 35 euros. En Galicia, ya se han adherido a este convenio casi 300 concellos de los 313 que hay”, apostilla, a la vez que critica la actitud del gobierno municipal a raíz de su confrontación con la administración autonómica, coyuntura que afecta a más proyectos que exigen su colaboración.

Como publicó FARO por el quinto aniversario de los incendios de 2017, mientras Xunta y Concello se acusan desde hace tiempo del retraso en la ejecución del anillo contraincendios de Vigo, otro mecanismo para hacer frente a los efectos de posibles incendios, los comuneros trabajan para hacerlo realidad a su manera: ya han completado más de 10 kilómetros de los 50 aproximadamente que debe tener de longitud entre Saiáns y Teis. Todas las comunidades de montes han contribuido, Coruxo empezó hace 20 años y ya está actuando en las zonas húmedas; Saiáns casi ya terminó”, indicaba González a mediados de octubre.

Aseguraba que, sin una participación activa de las instituciones públicas, a los comuneros les llevará “mogollón de años” acabar este proyecto, que no sigue el trazado de la senda que propone el Concello: cruza los montes de la ciudad por el medio, desde Saiáns hasta Coruxo. Su objetivo: servir de cortafuegos a través de especies frondosas autóctonas, entre otros mecanismos, para evitar que las llamas puedan alcanzar más superficie o incluso dañar a personas.

Zona de defensa estratégica

También están pendientes la zona de defensa estratégica –llamada también franja de defensa pasiva–, que le compete a la Xunta –esta misma semana, se comprometió a concretar antes de acabar el año el perímetro y a completar la tramitación para su ejecución– y una respuesta del Concello a la petición de la Mancomunidade de trabajar en la infraestructura verde municipal, que “serviría para lo mismo que el anillo verde”, según González. Recuerda que fue impulsada en 2019 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), momento en el que la entidad estaba presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

A la espera de estos proyectos, los comuneros reclaman más fondos al Concello para que los trabajadores del plan de empleo tengan un contrato de, al menos, nueve meses y no solo cinco y medio: lamentan que la partida, de 145.000 euros, es la misma desde hace 12 años. El pasado 6 de noviembre, comenzó la tercera edición del taller dual forestal financiado por la Xunta: aporta 265.000 euros y participan 10 alumnos –siete hombres y tres mujeres– y tres perfiles técnicos asociados al proyecto.

A la espera del anillo verde

El Concello defiende que no puede avanzar en el anillo verde sin el visto bueno de la Xunta al anteproyecto, permiso por el que espera “desde octubre de 2019 para poder expropiar o llegar a un acuerdo con los propietarios”. En abril de 2021, el conselleiro de Medio Rural, José González, explicó que le envió una carta a Caballero para comunicarle que, en esa fase de tramitación, no se precisa “ningún informe autonómico”.

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