Alerta en Vigo por el realquiler como turísticos de pisos convencionales a espaldas de los propietarios

El acceso a una vivienda de alquiler en Vigo es cada vez más difícil. Resulta prácticamente imposible encontrar por ejemplo un piso de dos habitaciones y más de setenta metros cuadrados por menos de 700 euros al mes, una cifra que se va del presupuesto de muchas familias. El mercado está tan convulso que se están detectando ya prácticas de todo tipo, y hay inquilinos que también se intentan aprovechar de la situación. Algo muy habitual que se está produciendo en la ciudad en los últimos meses es el subalquiler de viviendas de alquiler convencional como pisos turísticos por parte de los propios arrendatarios que residen en ella. Es decir, hay personas que pagan una renta mensual por un apartamento y para sacar un beneficio económico, lo subarrienda como alquiler vacacional, en algunos casos el inmueble entero y en otros por habitaciones.

De esta situación dan fe incluso detectives privados de Vigo, que han sido contratados por propietarios de viviendas y promotoras que sospechan que los inquilinos están cometiendo este tipo de irregularidad y necesitan recabar pruebas que lo demuestren. “Nos llegaron varios casos y descubrimos que los arrendatarios que subalquilaban las viviendas las anunciaban en plataformas de pisos turísticos como Airbnb”, explica Pedro Rodríguez, investigador en la agencia de detectives viguesa Ábaco Atlántico. Además de chequear los principales portales de Internet, estos profesionales también vigilan la entrada del inmueble para comprobar si quien reside en el mismo o está haciendo uso de él es el inquilino que figura en el contrato o no.

Y es que si un inquilino paga 600 euros al mes por vivir en un piso, al subarrendarlo los fines de semana en Vigo por ese mismo precio triplicaría la ganancia en solo tres semanas. Y obviamente se trata de una práctica irregular, pues normalmente en el propio contrato de alquiler especifica que queda prohibido el subarriendo de la vivienda. Al incumplir esta cláusula, si se demuestra que el inquilino lo está haciendo (para ello en muchos casos se contratan a detectives, para recabar las pruebas necesarias), sería motivo suficiente para la rescisión del contrato de alquiler.

La propia OCU apunta que los jueces tienen declarado que la explotación de la vivienda como apartamento turístico efectuada por un inquilino sin prueba alguna del consentimiento por parte del arrendador propietario constituye un incumplimiento contractual que debe llevar a la resolución del contrato. Es más, en algunos casos se están realquilando como pisos turísticos viviendas que no han recibido la licencia administrativa para poder usarse como tal, lo que podría derivar en graves sanciones. Para que dichas multas no alcancen al arrendador, este debe probar su desvinculación con esos alquileres turísticos. De ahí la importancia de utilizar un buen contrato de alquiler y de estar bien asesorado para reaccionar de forma inmediata ante actuaciones del inquilino contrarias a la normativa o al propio contrato de alquiler.

Estas prácticas de subalquiler de viviendas como pisos turísticos se inició con las de renta antigua, aquellos contratos que se firmaron en los años 50 y los 60, que tenían como principal objetivo favorecer el acceso a la vivienda. La idea que estaba detrás de esta tipología de contratos era que debían prorrogarse forzosamente hasta que falleciera el inquilino, el cónyuge y los hijos de ambos.

El parque de viviendas de la ciudad todavía contempla un buen número de alquileres de este tipo, en los que los arrendatarios pagan una renta mensual muy baja por un piso, que en muchos casos apenas supera los cien euros, una cifra residual si se comparan con los alquileres actuales en la ciudad, que están completamente desbocados.

Esos contratos solo se pueden rescindir si fallece el inquilino o por algunas otras circunstancias muy concretas. Por ejemplo, que el arrendatario no esté residiendo de forma habitual en la vivienda. Como es el caso de muchos de los pisos de renta antigua de la ciudad. Ya no es solo que el inquilino no viva en ellos, sino que están aprovechando para subarrendar estas viviendas como pisos turísticos para sacarles un importante beneficio económico. Es decir, pagan un precio residual, cien euros mensuales, y los realquilan por cien euros al día, una práctica totalmente ilegal y que ahora ya lo hacen un buen número de arrendatarios de viviendas de alquiler convencional, no únicamente de renta antigua, al ver el filón de ingresos que supone el alquiler turístico.

Las habitaciones en apartamentos turísticos rozan ya las 3.000 en la ciudad

La cifra de habitaciones que se ofertan en las viviendas turísticas de Vigo ya es mayor que la de los establecimientos hoteleros: más de 2.700, casi un centenar más que las segundas, 2.638, como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), repartidas en 63 negocios. Es un resumen breve y directo de la transformación del sector de alojamientos de la urbe más poblada de Galicia, donde los pisos y casas que se destinan al alquiler a visitantes cobran cada más peso. Según los datos más recientes del Registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta, suman unas 1.278.

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