Más de un millar de condenados cumplen trabajos sociales en lugar de penas de prisión

Colaboración en comedores sociales, participar de actividades culturales en asociaciones vecinales, tareas de mantenimiento o limpieza, cuidados en protectoras... El altruismo está detrás de la realización de estas y otras tareas sociales, pero para más de un millar de personas que se encuentran realizándolas, esta voluntariedad llega previa sentencia judicial. Y es que el servicio de gestión de penas y medidas alternativas a la prisión (SGPMA) de Pontevedra, con sede en Vigo, concretamente en el CIS de la avenida de Madrid, ha recibido en lo que va de año un total de 1.056 mandamientos de condenados para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), tanto por sustitución de la pena de privativa de libertad como por suspensión de la misma, tal y como figura en las estadísticas de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

Concretamente, en el primer trimestre de año fueron 412 los mandamientos recibidos frente a los 644 entre los meses de abril a junio, convirtiéndose este periodo en el de más ejecuciones de condena por trabajos sociales que se hayan registrado en la última década. Lo que sí es coincidente con años atrás es la tipología de los delitos que están detrás de estos trabajos comunitarios.

En primer lugar se encuentran los delitos contra la seguridad vial, con 426 condenas que terminan en TBC seguidos por los delitos de violencia de género con 232 mandamientos recibidos en el CIS de Vigo desde principios de año. Lesiones y delitos contra el patrimonio son los otros ilícitos cuyos condenados terminan realizando trabajos sociales. Y es precisamente este aumento de delitos de tráfico y, muy especialmente, de malos tratos, los que han motivado el aumento de penas en medio abierto. Su objetivo para por evitar en la medida de lo posible el ingreso en prisión del condenado, aplicando para ello en los delitos menos graves procesos de inclusión y penas de TBC.

Algunas de las tareas más comunes son labores de mantenimiento y limpieza, actividades de administración o jardinería para Concellos y Ayuntamientos, o incluso el cuidado de mayores y dependientes; también asociaciones vecinales o de monte en mano común, y por supuesto asociaciones como Cáritas o Vida Digna. Lo fundamental, explican las fuentes consultadas, es que se trate de entidades sin ánimo de lucro.

Cuando no hay espacio o plazas para la realización de dichos trabajos en beneficio de la comunidad, que además de la sentencia judicial, debe contar con el beneplácito o consentimiento del condenado, existen otras alternativas como las ruedas de reconocimiento, gestionadas bajo un convenio con el Decanato de los Juzgados de Vigo. Actualmente, según ha podido saber este periódico, no hay ninguna en espera.

El abanico de trabajos sociales es muy amplio y también puede incluir el acompañamiento a personas que sufren determinadas lesiones, la colaboración en comedores sociales y actividades culturales, la participación en programas de educación vial o primeros auxilios, y el apoyo a enfermos terminales o reparto de alimentos y ropa, entre otros trabajos. Habitualmente se tienen en cuenta en delito cometido a la hora de ejecutar los trabajos sociales.

Delito de quebrantamiento

La realización de estos trabajos sociales, si bien requieren de la voluntariedad del reo o condenado, es obligatoria. En caso de que no se cumpla con los días estipulados en sentencia, el juzgado puede considerar que el condenado ha cometido un delito de desobediencia o quebrantamiento de condena.

Recientemente, la Audiencia de Vigo ha condenado a una mujer al pago de una multa de 1.080 euros por no presentarse en la Asociación cultural de Lavadores a realizar el plan de ejecución de los 31 días en beneficio de la comunidad que tenía que realizar. La condenada argumentó que no tenía conocimiento de que su no personación acarrearía un nuevo delito, pero los magistrados desestiman su recurso al apreciar que la mujer fue citada por el CIS de Vigo para aclarar porqué no acudió al centro cuando debía.

Otro dato que deja también la estadística de Interior es el desequilibrio entre hombre y mujer. Si bien es cierto que el número de presos es significativamente masculino, en este caso la cifra no iba a ser diferente. Así, detrás del 87,7% de las condenas a trabajos sociales están hombres frente al restante 12,3% de mujeres.

Hay que tener muy en cuenta en este índice que solo los hombres cumplen condenas por violencia de género, igualmente, la cifra de delitos contra la seguridad vial es muy superior en hombres. En cuanto a delitos de lesiones o contra el patrimonio el dato es mucho más equitativo pero aún así superior en condenados que en condenadas; siempre según las estadísticas del Ministerio. 

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