Condenada una “madame” que dirigía chalés de prostitución en Vigo y Poio

En los últimos años se han sucedido los golpes policiales relacionados con la prostitución en chalés, muchos de ellos de lujo. Y una de estas causas llegó ayer a juicio. Una mujer de origen brasileño asentada legalmente desde hace más de una década en España aceptó una condena en una vista de conformidad celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo por regentar dos casas de citas en la ciudad olívica y en Poio en las que ofrecía servicios sexuales a los clientes por parte de jóvenes a las que alojaba en dichas viviendas.

El procedimiento judicial contó con una testigo protegida a la que la “madame” impuso “condiciones abusivas” que iban desde tener que estar disponible las 24 horas hasta presionarla para realizar todo tipo de prácticas sexuales, a lo que se unió el hecho de que tuvo que soportar condiciones de habitabilidad “indignas e insalubres”: dormía en un sótano compartiendo cama en un espacio que carecía de luz y de ventilación.

La Fiscalía relata en su escrito que la acusada, de 37 años de edad, regentaba directamente los chalés y era además la administradora única de las sociedades que gestionaban dichas viviendas, que acabaron siendo clausuradas en enero de 2022 como consecuencia de la investigación judicial que dio lugar a la vista de ayer. Era ella quien fijaba el precio de los servicios sexuales, así como los horarios y la disponibilidad de las jóvenes: percibía directamente el dinero por parte de los clientes, descontando el porcentaje que pactaba con las mujeres, que solía ser el 50%.

Vulnerabilidad

La víctima que acabó siendo testigo protegida de esta causa contactó en enero de 2021 con la acusada para solicitarle plaza. La “madame” aparentó que la joven era trabajadora de una de las empresas que administraba para que pudiese viajar desde Portugal hasta Vigo, ya que en dicha fecha la frontera estaba cerrada a causa del COVID-19. Una vez llegó a la ciudad olívica, la llevó primero al chalé de esta urbe y después al de Poio, donde, “abusando de su situación de necesidad económica” y de que precisaba dinero para enviar a su país de origen ya que su familia se encontraba en una situación de “miseria”, la mantuvo en el ejercicio de la prostitución durante tres semanas.

Siempre según el fiscal, la víctima debía estar disponible las 24 horas, no tenía jornadas de descanso y sufría retrasos en la percepción del dinero. Además, era la acusada la que concertaba con los clientes “el tipo de servicio sexual”, de forma que si la joven se negaba a su práctica “se le recriminaba y presionaba perdiendo el servicio”. Se la incitaba, además, a vender droga, algo cada vez más habitual en el negocio de la prostitución.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un trastorno ansioso-depresivo leve. En su escrito la Fiscalía acusaba de un delito de explotación de la prostitución en situación de vulnerabilidad y con imposición de condiciones abusivas y de otro de favorecimiento de la estancia ilegal con ánimo de lucro con la atenuante de reparación del daño, ya que de forma previa al juicio la encausada aportó 1.000 euros para indemnizar a la mujer. La petición era de prisión y multa, si bien no trascendieron los términos exactos de la conformidad finalmente alcanzada ayer.