Los abogados de oficio también se ponen en pie de guerra

Tiempos convulsos en la Administración de Justicia. Tras la huelga de más de dos meses protagonizada por los letrados judiciales y tras el anuncio de otro paro al que están llamados los funcionarios a partir de este próximo lunes, al Ministerio de Justicia se le ha abierto un tercer frente. El de los abogados de oficio. Quince asociaciones profesionales de distintos puntos de España han creado una plataforma y convocado una manifestación el próximo 27 de abril en Madrid. Y, a raíz de este movimiento, un amplio grupo de abogados vigueses han decidido dar un golpe sobre la mesa y unirse a las reivindicaciones, en las que se denuncia sobre todo la “infrafinanciación” del servicio jurídico de la justicia gratuita, pero también otros problemas como los relativos a la conciliación.

Manuel Ángel García Álvarez, un abogado bregado en este tipo de luchas, fue quien impulsó el grupo de Vigo que se ha unido a estas reivindicaciones y que hoy mismo se reunirá con la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo, para abordar cuestiones como la postura de la entidad ante este movimiento o el de la manifestación de Madrid. “La idea sería ir en autobús allí, si fuese posible fletar algún autocar, o quizás convocar nosotros una concentración ese mismo 27 de abril, pero en Vigo, ya que podría ir más gente”, afirma este letrado, que, tras poner en marcha un grupo de WhatsApp sobre esta concreta cuestión y enviar invitaciones a los abogados que se dedican al turno de oficio en la ciudad olívica, ya ha logrado que se unan un total de 271 juristas. “Hay interés, las reivindicaciones son justas”, explica.

¿Qué plantean estos profesionales? Una de las principales demandas es la de una remuneración “digna”. “No puede ser que por un asunto recibamos de media poco más de 100 euros”, afirman. Piden también que se les pague por todas aquellas actuaciones que deben realizar a lo largo de la vida de un procedimiento judicial y que sus baremos se actualicen conforme al IPC. El derecho a la conciliación es otro caballo de batalla, junto al derecho a la desconexión digital o que se les reconozca como autoridad en el ejercicio de sus funciones, “como medida de disuasión y de protección” ante casos de amenazas, coacciones o agresiones que en ocasiones sufren en el ejercicio de su profesión.

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