La huelga de letrados de Justicia ya suspende unos 7.000 juicios y vistas en Galicia en un mes

La huelga de letrados de la Administración de Justicia ya deja en su primer mes unos 7.000 juicios y vistas suspendidas en toda Galicia. Así lo estiman fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) doce días después de que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, asegurase, durante el acto de recepción oficial a los doce nuevos jueces salidos de la 71 promoción de la carrera judicial, que los paros ya habían afectado a 5.000 procedimientos.

Por provincias, A Coruña, con unos 3.000 juicios y vistas suspendidas, es la más afectada; seguida de Pontevedra, con unos 2.200; Ourense, con aproximadamente 1.400; y, finalmente, Lugo, con 400, donde más de 1.000 demandas continúan sin repartir.

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Los paros de los letrados de la Administración de Justicia no son nada nuevo. Ya el pasado 2022, los juzgados gallegos se vieron paralizados en varias ocasiones –en los meses de abril, noviembre y diciembre– por las huelgas convocadas por la UPSJ, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) a raíz del “quebrantamiento reiterado”, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos en abril de 2022.

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Ahora, la situación es más compleja, pues desde el 24 de enero estos paros han pasado de ser “ocasionales” a indefinidos. Su seguimiento en Galicia está siendo elevado, especialmente en ciudades como Ourense, A Coruña y Ferrol, donde el trabajo en los tribunales no para de acumularse, hasta 300.000 expedientes se encuentran parados en la comunidad gallega.

A Coruña es la provincia gallega en la que mayor seguimiento está teniendo la huelga de letrados de la Administración de Justicia, más del 75%. Le siguen Ourense, con un 70%; y Pontevedra y Lugo con un 60%.

Al igual que en Fuenteovejuna, los letrados de la Administración de Justicia van “todos a una” con el propósito de lograr unas reivindicaciones históricas que, según los convocantes, estuvieron a punto de resolverse con el Gobierno de Mariano Rajoy, relevado en 2018 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En abril de 2022, los letrados de la Administración de Justicia llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, fuentes del CNLAJ aseguran que “no se han cumplido”. “Somos conscientes del daño que estamos haciendo, pero tenemos que defender nuestros intereses”, critican. Ambas partes mantendrán hoy una reunión en Madrid.

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Las tres entidades convocantes de la huelga ya exigieron en un comunicado conjunto el pasado mes de noviembre los “mismos criterios que tienen el resto de funcionarios” que dependen del departamento, un hecho que conllevaría mejoras retributivas para el cuerpo.

Entre los puntos destacados de dicho comunicado se encontraba la “cláusula de enganche” de retribución de los Letrados de la Administración de Justicia, quienes piden que se incluya, mediante enmienda, en la Ley de Eficiencia Organizativa.

También subrayan la petición de reducción de los grupos de población de cinco a tres, una medida que, según el Colegio Nacional de Letrados, “supondría la aplicación de las mismas cuantías por complemento general de puesto existentes actualmente, como los médicos forenses, a los letrados de Justicia”.

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De continuar el inmovilismo del departamento dirigido por Pilar Llop, los letrados de la Administración de Justicia seguirán ejerciendo su derecho a la huelga y, con ello, continuará el retraso en los juicios y procesos que ello implica.

Cada día que pasa la situación se está volviendo más compleja. Tanto es así que fuentes de la UPSJ alertan de que “las próximas elecciones municipales podrían estar en riesgo” ya que, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), los letrados de la Administración de Justicia deben intervenir en la composición de las mesas electorales, así como en la revisión del recuento de votos al tener que formar parte de las Juntas Electorales. “Esto es algo inédito. Todavía no hay establecidos servicios mínimos. ¿Qué pasará?”, se preguntan.

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