La Xunta advierte al Concello: dos de los 15 informes del PXOM son desfavorables

Dos de los 15 informes emitidos por organismos dependientes de la Xunta al respecto de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) son desfavorables: el de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y el de la Axencia Galega de Infraestruturas (AGI). ¿La solución propuesta por el gobierno autonómico? Una reunión entre técnicos de la entidad gallega y viguesa y el equipo redactor del nuevo Plan Xeral para “solucionar las carencias” y permitir la aprobación definitiva del documento, que cuenta con el OK inicial desde el verano de 2021 y espera recibir la bendición final el próximo año.

La invitación fue realizada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, con la intención de “desbloquear cuanto antes esta situación”. “Que estos dos informes sigan siendo negativos a pesar de los avisos previos no es una buena noticia. No nos consuela que haya 13 que sean favorables. Sería mucho más útil para Vigo que, en todos estos meses, el Concello hubiese rectificado las deficiencias. No lo hizo y, por eso, el Plan Xeral de Vigo va a sufrir un nuevo retraso. Ahora, la cuestión es que este retraso sea el mínimo posible”, anotó Tapias.

Estas son las claves del nuevo Plan Xeral vigués

La tenienta de alcalde y concejala de Urbanismo, María José Caride, indicó que le sorprende que se comunique esta información a través de una rueda de prensa en la que participa la candidata a la Alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias, “en lugar de enviar al Concello los informes”, por los que la entidad local lleva esperando “más de cuatro meses cuando el plazo legal de emisión es de tres meses”.

A Caride también le llamó la atención la propuesta de encuentro, puesto que el Concello y el equipo redactor “siempre” se han reunido con los técnicos de la Xunta. “Tuvimos una reunión antes de enviar los informes a la Dirección Xeral de Patrimonio. Nos reunimos con la directora xeral y su equipo para hablar de las cuestiones que tienen que ver con su informe. Esperamos, sinceramente, que, en ese informe que vamos a recibir, se recojan los acuerdos alcanzados en esa reunión”, manifestó.

La responsable de Urbanismo de Vigo espera que el trabajo con la Xunta “siga realizándose como hasta ahora” y que “no boicotee el Plan Xeral”. “El Concello cumple con sus obligaciones en la redacción y revisión del PXOM, que es absolutamente imprescindible para que esta ciudad siga desarrollándose. No es buena señal que la presentación de esos informes se haga antes de informar al Concello y con la candidata del PP a la Alcaldía. Estudiaremos los informes y esperamos que la Xunta no obstaculice por motivos políticos el desarrollo de la ciudad y el Plan Xeral”, finalizó.

“El PXOM estará aprobado de forma definitiva en el último trimestre de 2023”

En el caso de Patrimonio Cultural, según concreta la Xunta, se trata de la tercera vez que se emite un informe negativo –las anteriores fueron el 10 de agosto de 2020 y el 17 de enero de 2022–. Este apéndice autonómico pide que se realicen prospecciones del territorio para conocer todos los bienes culturales, tenerlos adecuadamente localizados y evitar que el desarrollo urbanístico de la ciudad provoque daños. Esto permitiría, según la Xunta, “disponer de una foto fija actualizada del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico de la ciudad, que se debe respetar y proteger”.

El informe desfavorable de la AGI “va en el mismo sentido” que el emitido hace casi un año, el 13 de enero. Las principales carencias del PXOM en este capítulo, indica el gobierno gallego, son “la ausencia de un estudio de tráfico en las carreteras autonómicas que recorren Vigo, por lo que no se puede acreditar que no se vayan a saturar por el futuro desarrollo urbanístico, y que se impute a la Xunta el coste de 85 millones de euros de los seis últimos tramos de la carretera PO-010 (la ronda A Balsa-Baruxáns) al tratarse de un vial municipal en Beade”.

Fernández-Tapias recordó que la obligación de la Xunta es “cumplir la ley en materia de protección patrimonial y de ordenación viaria”, mientras que la del Ayuntamiento de Vigo es “elaborar un plan que sea autorizable”: “Hay que enmendar los errores. Estamos a tiempo de arreglar la situación. La forma para conseguirlo es el diálogo”.

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