Más de la mitad de los juzgados estarán ya en la Ciudad de la Justicia a final de año
Junto a las 20 salas fijadas en el cronograma para esta fase de la mudanza, se adelanta el traslado de las de La Gota de Leche por deficiencias en ese edificio y se crea la nueva civil
Funcionarios en las nuevas oficinas de la Ciudad de la Justicia de Vigo. // MARTA G. BREA / marta fontán
La Ciudad de la Justicia de Vigo va ganando vida semana tras semana. El 24 de octubre arrancaba la mudanza a la nueva sede. Por delante estaba la compleja tarea de llevar desde la calle Lalín hasta Pizarro los 40 juzgados con los que cuenta la ciudad, junto a las dos secciones de la Audiencia y el resto de servicios vinculados a la actividad judicial. Transcurrido un mes y medio desde entonces, al traslado aún le queda recorrido, ya que no concluirá hasta abril de este próximo 2023, pero la maquinaria puesta en marcha ha permitido que un buen puñado de tribunales estén ya funcionando en el edificio que antaño acogió el Hospital Xeral. A día de hoy hay 14 juzgados instalados y, una vez se llegue al último día de este año, la cifra previsiblemente superará la veintena. Porque junto a los 20 fijados en el cronograma para esta fase de la mudanza, el mismo 31 de diciembre está previsto que empiece a funcionar la nueva sala creada en Vigo, la de Primera Instancia 16, y se intentará que en las próximas semanas se puedan llevar también las dos del edificio de La Gota de Leche, una laboral y otra especializado en Familia, por las deficiencias que sufren en dicho inmueble.
“Hay vida, hay movimiento; hubo días en los que ya llegaron a celebrar juicios seis salas en una misma mañana”, afirman en la Ciudad de la Justicia. En el nuevo edificio ya trabajan los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo, el Mercantil, la mayoría de los de lo Social, varios más de Primera Instancia, uno de Familia y otro más de los de lo Penal. Una vez estén también los que se muden este diciembre, en 2023, junto a los que civiles que falten, se irán también para Pizarro todos los de la jurisdicción penal –entre los que se encuentran los de Instrucción y el de Violencia sobre la Mujer–, las salas de la Audiencia, la Fiscalía, el Imelga, la oficina de desahucios y embargos, la de registro y reparto de demandas y las de atención a las víctimas y a los ciudadanos. Si, como hasta ahora, el cronograma se sigue cumpliendo, en la primera semana de abril el traslado se daría por concluido y los dos edificios de la calle Lalín quedarían vacíos, poniéndose así fin a la actividad judicial que albergaron durante décadas.
Estores y mostradores
La mudanza a la torre de Pizarro no solo ha significado un cambio de sede, que ya es bastante. Jueces, letrados judiciales, fiscales o funcionarios se están topando con muchas novedades, como el nuevo modelo de oficinas abiertas para los funcionarios o el hecho de que las salas de vistas, concentradas en dos plantas del complejo, estén lejos de la sede de cada juzgado. Paulino Flores, secretario de la junta de personal, explica que, tras estas primeras semanas de actividad en la Ciudad de la Justicia, surgen necesidades sobre las que ya se ha alertado y que “están en proceso” de ser solventadas. “Una demanda urgente son estores para los ventanales que dan a la zona de la Iglesia de San José Obrero y Santa Rita, para cuando da el sol”, afirma. También es acuciante, agrega, contar con mostradores en los distintos juzgados. Al salir del ascensor los abogados, procuradores o ciudadanos ya se topan de frente con las mesas de los funcionarios, por lo que se hace precisa esta barrera para atender a la gente que acude a diario a las oficinas. Y otro problema con el que se han encontrado algunos juzgados es que la sala de vistas asignada es “demasiado pequeña”.
El traslado está llevándose a cabo según lo previsto, pero <strong>una de las asignaturas pendientes es la de la seguridad en la Ciudad de la Justicia</strong>, cuestión nada baladí teniendo en cuenta la actividad que se desarrolla en el mismo. Este noviembre ya hubo un susto, cuando un varón ebrio logró acceder de madrugada al edificio. El propio <strong>presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde</strong>, en una reciente visita, mostró su preocupación por la cuestión de la seguridad, si bien apuntó que se estaba “trabajando” en esta problemática y que, por ello, esperaba que tuviese una pronta resolución.
Una de las demandas que ha reiterado no pocas veces el juez decano vigués, Germán Serrano, es que el nuevo edificio cuente cuanto antes con la presencia constante, a efectos de control de accesos y vigilancia, de la Policía Nacional. Pero estos agentes aún no están en la Ciudad de la Justicia. De la seguridad se encargan vigilantes privados: hay tres en el turno de mañana –dos en la entrada principal y otro que se encarga de la zona de garajes– y dos en los de la tarde y la noche. La falta de agentes del Cuerpo Nacional de Policía está dando lugar a alguna que otra disfunción, sobre todo ahora que en Pizarro ya está instalado un juzgado de lo Penal –el número 1–, que celebra juicios en los que muchas veces deben comparecer acusados que son trasladados desde prisión, al estar privados de libertad.
Las fuentes consultadas señalan que, cuando hay que traer a algún reo desde la cárcel de A Lama, éste es trasladado por el furgón de la Guardia Civil a los juzgados de la calle Lalín. Desde allí, agregan, un coche patrulla de la Policía Nacional lo lleva al edificio de Pizarro, donde los agentes se encargan de su custodia mientras permanece allí para comparecer en la vista. Finalizada la misma, el mismo vehículo policial lo lleva de nuevo a la calle Lalín para que sea recogido por el furgón que lo llevará de vuelta al centro penitenciario pontevedrés. Los otros juzgados de lo Penal, la Audiencia y los juzgados de Instrucción, en los que la citación de presos es frecuente, se trasladarán a Pizarro entre los próximos enero, febrero y marzo.
Por el momento los órganos judiciales que se han trasladado están en la gran torre, que cuenta con 19 plantas. El edificio anexo, al que irán el juzgado de guardia, el de violencia machista, la oficina de notificaciones y embargos o las que dependen del decanato, aún no tiene actividad. La tendrá en 2023.
El COVID y la avalancha de demandas hipotecarias de cláusulas suelo dieron lugar a un escenario sin precedentes en Vigo, disparando el <strong>colapso judicial</strong> y elevando por encima de los 23.000 la cifra de pleitos pendientes. La situación se fue solucionando poco a poco y en este 2022 se conseguía, por fin, bajar de la cifra de 20.000 procedimientos a la espera de respuesta. Al concluir el primer trimestre del año eran concretamente 19.711 y, al término del segundo, 18.651. Pero los datos del tercer trimestre, publicados ayer, evidencian un repunte de un 6%, al contabilizarse 19.827, el registro más alto en lo que va de ejercicio. La pendencia aumentó en la jurisdicción civil, en la penal y en la laboral, bajando únicamente en la contenciosa.
Este paso atrás puede deberse a que este último trimestre, el que va de julio a septiembre, coincide con el período vacacional y con el hecho de que agosto es inhábil para gran número de actividades judiciales, lo que da lugar a que la resolución de asuntos sea menor que en otros períodos del año. A la espera de como acabe 2022 en lo que a pendencia se refiere, lo cierto es que falta mucho para volver a las cifras que había antes de que irrumpiesen las demandas bancarias y la pandemia. Solo hay que echar la vista atrás a 2015 o 2016 por ejemplo, cuando, superado el aluvión de trabajo que trajo consigo la crisis de 2008, los juzgados vigueses tenían una situación más o menos saneada. En aquellos años los casos que esperaban respuesta se situaban en torno a los 12.000. Hoy, como evidencian las estadísticas, son varios miles más hasta sumar casi 20.000: la mitad se concentran en los juzgados de Primera Instancia, especialidad que tiene dos salas de refuerzo y que contará con un nuevo tribunal, el 16, el 31 de diciembre. En cuanto al número de nuevos casos que entraron en los juzgados, en este tercer trimestre de 2022 fueron 12.132. Y la cifra de los resueltos se situó en algo más de 11.000.
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