Una prueba presentada durante la propia vista motivó la suspensión del juicio contra una educadora de un centro de menores acusada de un delito continuado de abusos sexuales sobre una adolescente. Los hechos enjuiciados se iniciaron en 2019 y por ellos la Fiscalía solicita para la mujer una pena de 11 años de prisión, al igual que la acusación particular. La acusación popular, que ejerce la Xunta de Galicia al tratarse de un centro tutelado, eleva esta petición hasta los 12 años de cárcel.

Fue precisamente la letrada que ostenta la representación popular la que, durante las cuestiones previas, hizo entrega al tribunal y a las partes de pruebas nuevas, reseñadas en las actuaciones pero no figuradas. Por un lado, se trata de un total de tres cartas –los sobres venían sin rotular– que la acusada habría remitido presuntamente a la menor donde la “instruía” de cara a los magistrados, es decir, de cómo, supuestamente, retractarse en sus declaración y lo que debía contar ante un supuesto juicio. A mayores, también presentó la transcripción de varios correos electrónicos escritos, presuntamente, por la acusada.

Tras varios minutos de deliberación, los magistrados de la Audiencia acordaron admitir estas y otras pruebas presentadas por las partes, pero la relevancia de las transcripciones, y su dimensión, motivó el aplazamiento del juicio a petición de la defensa para su estudio y que no se generase una indefensión de la acusada.

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, fijó para los días 17 y 18 de noviembre la nueva vista oral.

A mayores de esta pena de prisión, la Fiscalía solicita también para la acusada la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que implique relación o contacto con menores por tiempo de 16 años, así como 8 años de libertad vigilada con la obligación de participar en cursos formativos en materia de educación sexual.

Demanda asimismo una pena de alejamiento y de prohibición de comunicarse con la adolescente, así como que, en concepto de responsabilidad civil, la indemnice en 5.000 euros por el daño moral causado.

Con este, ya serían tres los juicios por abusos de menores que se celebran en la Audiencia de Vigo en un período de una semana. El pasado el miércoles un hombre aceptaba cinco años de prisión por abusar sexualmente de una sobrina suya y de una amiga de ésta, mientras que el jueves un sexagenario se sentó en el banquillo por sobrepasarse supuestamente de la misma manera con dos familiares también menores de edad.