Los viajeros deberán aportar, a partir de ahora, el triple de datos al llegar a su alojamiento de destino vacacional. Desde la relación filial hasta el número de cuenta, pasando por el lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de visitantes, relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida. Además, se exigen datos financieros como tipo de pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago o transferencia), tipo de tarjeta y número, cuenta bancaria, solución de pago por móvil, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Y es precisamente este último punto el que genera más conflictos, aunque no el único, tal como informó FARO.
La entrega de datos tan personales como el número de cuenta, argumentan desde el sector turístico, suscitará tensiones con los clientes, sobre todo los de procedencia internacional, porque consideran que pueden estar vulnerándose su protección de datos. “Es que los turistas no son iguales, dependiendo del país del que provengan. El viajero inglés, por ejemplo, es muy reacio a dar datos personales, más allá de los necesarios. ¿Cómo los hoteles van a exigir eso, con qué autoridad?”, se pregunta Alberto Malvido, gerente de Partee.es, una aplicación de registro de huéspedes en Galicia y España, y una de las principales que opera en Vigo.
Además, la carga de trabajo extra para el personal de recepción y la inversión en modificar los equipos informáticos para adecuar los software a los nuevos requisitos está poniendo en jaque a los hoteleros y a los alojamientos turísticos. “Es un desacierto absoluto que el sector no esperaba. Se ha hecho sin consensuar con los agentes turísticos y además, no aporta ningún beneficio. Va a conllevar un tremendo coste para las compañías y complicará mucho su operatividad. Serán más de dos meses de trabajo para las empresas que han desarrollado los sistemas internos de registro. A hoteles y pisos turísticos les costará más de un año amortizar la nueva inversión a la que tendrán que hacerle frente”, matiza.
Una parte de la norma no entrará en vigor hasta el 2 de enero de 2023. La que hace referencia a la comunicación de los nuevos datos a las autoridades competentes –Policía Nacional en el caso de la ciudad olívica– con las que el sector hotelero de Vigo ya ha mantenido una primera reunión. “Nos han dicho que hasta el año que viene no pedirán esta ampliación desmesurada de datos, porque todavía ellos no tienen actualizados los equipos. Pero la inquietud e intranquilidad están ahí. Venimos de una época muy difícil para el sector y ahora más cambios que no aportan y complican nuestro trabajo”, complementa César Ballesteros, presidente provincial de los hoteleros y gerente del hotel Bahía de Vigo.
Otro tema peliagudo es la modificación en el registro de los más pequeños. Se rebaja la edad de los 16 a los 14 años para que un menor tenga la obligación de firmar su propio registro. Además, también los niños menores de esa edad tendrán que ser registrados en el alojamiento de destino. “Debemos fiarnos de la información que nos aporten los adultos que les acompañen, pero no podemos verificarla”, añade.
Mientras, la modificación de la ley –que entró en vigor el pasado 27 de abril– sigue su curso y los sectores ya han empezado a moverse. Tanto la Federación Provincial de Hostelería y Hotelería, con sede en Vigo, como el Clúster de Turismo han trasladado sus quejas formales a la Secretaría de Estado de Turismo, esperando a que “rectifiquen este sin sentido”, cuyo incumplimiento les puede acarrear hasta 30.000 euros de multa.
Claves destacadas
1 Firman registro los mayores de 14 años
Con la nueva ley, se reduce de 16 a 14 años la edad mínima obligatoria para firmar el registro de entrada y salida del alojamiento turístico.
2 Conflicto con la protección de datos
También datos financieros como el número de cuenta o tarjeta bancaria serán obligatorios para registrarse en hoteles o pisos turísticos.
3 Hasta 30.000 euros de sanción
El incumplimiento de alguna de las normas que contempla el nuevo decreto acarrea multas de hasta 30.000 euros para los establecimientos.
