El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de ser validado de forma definitiva, sigue superando barreras. El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela y el tribunal contencioso-administrativo número 2 de Vigo emitieron dos sentencias en las que desestiman la impugnación de una persona a la aprobación inicial de la hoja de ruta urbanística. “Recurrió el acto de aprobación inicial y alegó defectos en la tramitación”, indicó el alcalde olívico, Abel Caballero. Contra estas resoluciones cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El regidor destacó que las razones para llevar el proceso al juzgado son “las mismas” que alega el PP de Vigo: “Los dos tribunales fallan a favor del Concello, desestiman el recurso de esa particular y le imputan las costas. Dicen que es falso y que tiene que pagar las costas del proceso. La aprobación inicial del PXOM fue totalmente legal, totalmente acorde a las normas. Todos estos que están aduciendo cuestiones colaterales, todo mentira”.

En la sentencia del organismo de Santiago, en la cual las partes demandadas son la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y el Concello, se indica que la petición formulada por la actora fue debidamente registrada y tramitada por la Consellería, que, tras recabar los informes que estimó oportunos, resolvió rechazar lo peticionado por dos motivos: el primero, por estimar su falta de competencia para resolver dicha petición al considerar que la misma corresponde al propio Concello de Vigo; y el segundo, porque existe un cauce procedimental específico para cuestionar los posibles incumplimientos normativos o irregularidades que comporte la aprobación del PXOM, actualmente en fase de tramitación, por lo que no es posible acudir al ejercicio del derecho de petición para solventar tales infracciones o irregularidades al existir un procedimiento específico previsto a tal fin en la legislación ordinaria, dado el carácter subsidiario o supletorio de dicho recurso.

En el fallo redactado por el tribunal vigués, la parte demandada es el Concello. En su petición, la demandante vierte reproches sobre la aprobación inicial del PXOM, como que algunos planos e informes no están firmados, carecen de fecha, se remiten a contenidos inexistentes, no abordan todas las cuestiones que debieran, muestran contradicciones entre la documentación que integra el expediente administrativo, se omiten trámites preceptivos y, en particular, se incumple la normativa sectorial en materia de viales. En resumen, denuncia que los planos incorporados al acuerdo plenario no son veraces, recogen alteraciones en las medidas de los viales, sin respaldo documental y termina señalando que se desprende que el documento de revisión del nuevo planeamiento municipal que se va a exponer públicamente para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a intervenir no cumple los requisitos legales exigidos en la normativa reguladora vigente.

“Todas las cuestiones, sin distinción y como ella misma reconoce, constituyen, en su caso, vulneraciones de legalidad ordinaria, por lo que no hay espacio para su debate en este procedimiento especial concebido para la protección de los derechos fundamentales y no para discutir cualesquiera otras cuestiones”, señala el fallo.

La aprobación inicial del PXOM se logró en un pleno celebrado a finales del pasado mes de agosto. El periodo de exposición pública finalizó en enero de este año. La nueva hoja de ruta del urbanismo olívico contempla inversiones públicas y privadas en urbanización e infraestructuras que suman más de 876 millones de euros.

La justicia “tumba” las multas por la sequía

Una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela tumbó las resoluciones sancionadoras que la Xunta impuso al Concello de Vigo por el estado del agua en los años 2017 y 2018. Se trata de una sentencia firme que anula las multas recurridas por Aqualia por infringir el trámite de audiencia y que condena en costas a la administración autonómica.

El alcalde, Abel Caballero, indicó que la Xunta impuso a la empresa concesionaria del agua en Vigo cuatro sanciones por importe total de 24.200 euros debido a las supuestas irregularidades: falta de colaboración con la actuación de control de los inspectores farmacéuticos de salud pública, incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos formulados por la jefatura territorial de Sanidad, incumplimiento por aplicación de medidas correctoras que no garantizaron la potabilidad del agua de consumo, e incumplimiento por la realización de los análisis de control de agua en un laboratorio no acreditado.

El regidor también anunció que el Concello pidió a Aqualia que redacte los proyectos para renovar el saneamiento y abastecimiento en las calles Gorxal y Marcelo Currás.