Todas las semanas las oficinas de Audasa reciben, como mínimo, una reclamación de conductores descontentos con la señalización, problemas al pagar con tarjetas o –lo más habitual– el sistema de peaje o los atascos. El dato lo refleja el último anuario sobre autopistas elaborado por el Ministerio de Transportes, un balance elaborado con datos de 2019 –último año libre del “efecto COVID”– y que acaba de lanzar el Gobierno.
Según sus cálculos, a lo largo del año Audasa contabilizó 74 quejas, considerablemente por encima de la segunda gestora estatal en volumen de reclamaciones, Aumar, que sumó 59; o de la tercera, Guadalcesa, con 48. La responsable de la AP-9 se consolida así como la concesionaria de autopistas a la que más veces le toca desempolvar el libro de reclamaciones. Desde 2013 ostenta el cuestionable honor de liderar el ránking, integrado por cerca de una treintena de compañías.
No todas las lecturas son negativas, por supuesto. Aunque Audasa sigue en cabeza y a una distancia notable del resto de firmas, su carga de reclamaciones se ha ido aligerando con el paso de los años. Poco tienen que ver las 74 quejas tramitadas en 2019, por ejemplo, con las 219 de 2017 o las casi 300 que llegó a sumar en 2013.
En comparación con el año anterior, de hecho, el informe de Transportes constata un descenso del 53%. A lo largo de los últimos meses la propia Audasa ha sacado pecho por el descenso de las quejas. Hace justo un año destacaba que, entre enero y octubre, había recibido “solo” 32. La razón –alegaban desde la firma– su “nuevo modelo de atención al cliente” y los alrededor de 26 millones invertidos en conservación en seis años.
En términos relativos, comparando el volumen de quejas con el tamaño del vial y el flujo de tráfico, Audasa no sería la peor parada. Su índice, de 3,8 por cada cien millones de vehículos y kilómetro, la situaría aproximadamente en el centro de la tabla.
¿Qué motivan las enmiendas de los usuarios? Fundamentalmente, los sistemas de peajes (22) y los atascos (20), que representan casi el 60% del total. En el listado de Transportes les siguen los problemas con las tarjetas de crédito (12) y las señales (5).
Aunque con oscilaciones, las razones que llevan a los usuarios de Audasa a dirigirse a sus oficinas son similares a los de los últimos años. En 2012, por ejemplo, el principal motivo de molestia fueron los atascos, con 84 reclamaciones, el 30% del total. Hasta la ampliación de Rande y durante las obras en el viaducto y sus accesos –prolongadas incluso más allá de la inauguración oficial–, los embotellamientos eran tónica frecuente en la AP-9.
La reclamación milmillonaria de Audasa al Estado si le quitan la AP-9
Dictamen de la UE
El goteo de reclamaciones no es en cualquier caso el principal problema que asoma en el horizonte de Audasa. A finales de septiembre, la Comisión Europea comunicó al Gobierno de España que la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048 contraviene la normativa comunitaria. Según recoge, la legislación de la UE establece que la prórroga de un contrato equivale a una nueva concesión, lo que exige licitarla. En el mismo escrito, Bruselas otorgaba a España un plazo de dos meses para que pueda presentar alegaciones, margen que expira ahora.
Hace una semana, y ayer, de forma reiterada, FARO se dirigió al ministerio de Raquel Sánchez para conocer la postura del Ejecutivo. Hasta la fecha no ha concretado si presentará alguna alegación y, en ese caso, con qué argumentario la apuntalará.
Diego Maraña, presidente de la asociación En-Colectivo, señala que los dos meses empezaron a correr el día en que el Gobierno recibió la notificación de Bruselas. En el boletín oficial de la UE se publicó el 23 de septiembre. La entidad se ha dirigido ya al Ejecutivo para preguntarle por sus planes. Cumplido el plazo, Bruselas dispondrá de un par de meses para emitir su dictamen vinculante. A partir de ese momento y de ratificarse que la prórroga de la AP-9 es ilegal, la Comisión podría dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE para abrir un procedimiento judicial. Por lo pronto, Audasa ya ha deslizado en un documento enviado a la Comisión nacional del Mercado de Valores que, si se anula la concesión, reclamará una compensación de más de mil millones.
