El dueño de Vulcano inicia una batalla legal contra el Puerto

Vista aérea de la concesión de la antigua Vulcano en Teis.

J.C.

09 NOV 2021 4:02

La batalla judicial entre el actual propietario de Factorías Vulcano (hoy Astilleros San Enrique) y la Autoridad Portuaria de Vigo está servida. El nuevo dueño, Marina Meridional, acusa a Praza da Estrela de frenar su proyecto naval, primero forzando la extinción de la concesión de los 20.000 metros cuadrados más próximos al mar antes de tiempo (expiraba en 2027), y segundo “eludiendo” las solicitudes de actividad provisional cursadas por Astilleros San Enrique para atender varios pedidos de reparación naval que generarían 70 empleos directos y hasta 500 indirectos, según fuentes de la compañía. En consecuencia, la compañía ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo, al igual que la administración concursal.

Fuentes de Astilleros San Enrique echan mano de la jurisprudencia para encontrar otros casos similares –cita un conflicto en Las Palmas– en los que la justicia acabó dando la razón a la empresa en situaciones de extinción de concesiones como la de Vulcano, aunque el Puerto se abraza al dictamen del Consejo de Estado y a la resolución del Tribunal de Conflictos para defender la recuperación de esos terrenos una vez se liquidó Factorías Vulcano. El presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuiña, reconoció ayer –como adelantó FARO– que la idea que tiene Praza da Estrela es que la parte privada de Vulcano, más de 35.000 m2 hoy en manos de Marina Meridional, vuelvan también a manos portuarias incluyendo esos terrenos en el nuevo plan de usos (en tramitación), al entender que los terrenos concesionados y los privados son “complementarios”, como así consta en el plan de inversiones del Puerto.

Para Marina Meridional, en cambio, el Puerto entra en contradicción al promover una nueva concesión para una actividad de construcción y reparación naval como la que la empresa pretende desarrollar allí. Y avisa que la extinción de la concesión daña “gravemente” la inversión de 7,85 millones de euros más impuestos que Astilleros San Enrique ha realizado para obtener la unidad de explotación e implica el cierre de una empresa que preservaría una actividad industrial tan importante como la naval para el puerto vigués. “Sacar a concurso una nueva concesión, sin extinguirse la anterior, considerando nula la actuación de la administración concursal resulta ilógica y contradictoria con los objetivos que la Autoridad Portuaria de Vigo ha hecho públicos”, esgrimen.

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