Enésimo litigio entre los extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) y la promotora y propietaria de los terrenos situados entre Coruxo y Cabral, Naerama Group S.L. El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer la vista en la que un total de 189 antiguos empleados de la antigua fábrica de cerámicas buscan cobrar, una década después, los casi 2 millones de euros que les adeudas de la cesión de las fincas donde se asentaban las naves, en Ramón Nieto y Santa Clara.

Su estrategia pasa por solicitar al juzgado el concurso de acreedores necesario de Naerama Group. Si la magistrada así lo aprecia y declara su insolvencia, la promotora iría directamente a liquidación y se nombrará a un administrador concursal que procedería a la subasta o venta directa de estos terrenos; lo que permitiría a los extrabajadores y demandantes obtener el dinero que les fue reconocido judicialmente, y del que solo han recibido una mínima parte (280.000 euros).

Sin embargo, la firma a la que se le cedieron las fincas no se lo está poniendo fácil en este pleito. Y es que se oponen a la declaración del concurso alegando que no se encuentran en una situación de insolvencia. ¿Cómo? Justificando, o tratando de justificar, que los terrenos valen mucho más de lo testado en un inicio.

Lo cierto es que desde 2002, cuando se produjo la cesión de los terrenos por parte de los extrabajadores a la promotora, ésta no solo no abonó el dinero pactado, sino que tampoco realizó ningún proyecto de urbanización ni operación económica sobre ellas.

Otra de las claves que se extraen de la vista celebrada ayer fue la acreditación de que los exempleados de GEA –defendidos por el letrado Tomás Santodomingo– son los únicos acreedores de Naerama Group, concretamente el 98% del total y que estas fincas, las de Coruxo y Cabral, son los únicos bienes que poseen. Así, si el proceso concursal prosigue contra ellos, queda acreditado qué bienes hay que subastas y quiénes son los que deben recibir el dinero para saldar las deudas de la firma.

Los 189 antiguos trabajadores, en algunos casos incluso herederos de los ya fallecidos, optaron por esta vía mercantil tras ganar dos pleitos contra Naerama Group S.L., condenada junto a Construcciones José Castro S.A. al abono de ese dinero. Todo se remonta a 2002, cuando firmaron un contrato con Naerama por el que le cedían las fincas entonces propiedad del grupo empresarial de Coruxo y Cabral. El contrato se realizó vinculando el precio de la venta a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía. Confían en esta última baza para cerrar por fin el capítulo GEA.