Fue una desaparición que activó todas las alarmas en Vigo. Aunque ya se había escapado de su domicilio otras veces, en esta ocasión la cosa se puso realmente seria. Porque la ausencia se prolongó casi un mes. Finalmente la joven, de 16 años, se presentó en una jefatura policial. Estaba en buen estado. Todo, afortunadamente, acabó sin sobresaltos. Aunque este caso sobresale por el largo tiempo que la chica estuvo en paradero desconocido, ilustra a la perfección una problemática que afecta a no pocas familias. La de los menores que protagonizan fugas voluntarias. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior arrojan que en la ciudad olívica en 2020 se presentaron 84 denuncias de desaparición de menores. La inmensa mayoría son voluntarias y responden a un patrón claro: chavales sobre todo de entre 15 y 17 años que se van de sus casas o de los centros de acogida donde están ingresados. Una fuerte discusión con los padres, el querer irse con un novio/a, el miedo a una reprimenda por unas malas notas escolares o simplemente el deseo de acudir a una fiesta para la que no se les dio permiso pueden motivar estas fugas. El dato positivo es que, salvo excepciones, se suelen resolver con bastante rapidez: a las “escasas horas” o como mucho en “pocos días”.
Cuando en la demarcación de Vigo o Redondela se presenta una denuncia de desaparición de un menor entra en juego la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Esta problemática es, junto a la violencia de género, la violencia doméstica o los delitos sexuales, una de las competencias de este grupo policial de la comisaría olívica. Al frente del mismo está desde hace mes y medio Manuel Iglesias. Pese al escaso tiempo en el cargo, este inspector ya tiene claras varias máximas que aplica cada vez que les entra un caso de un menor del que no se tienen noticas. Una de ellas es la de que, pese a los protocolos y pautas generales, cada desaparición debe abordarse de forma individualizada. “Cada caso es un mundo”, repite varias veces. Otra cuestión que ha interiorizado es que “no se puede dar nada por sentado”. Por mucho que parezca claro que un chaval se ha ido voluntariamente y que más pronto que tarde volverá a casa. “No se debe presuponer nada; un menor es una persona vulnerable y mientras permanece ilocalizable nadie sabe dónde está ni cómo se puede encontrar”, dice.
Los datos facilitados a FARO por Interior evidencian que en 2020 en Vigo hubo 84 denuncias de desaparición de menores: una media de siete casos al mes. En el año anterior, 2019, fueron algo más, un total de 96. En lo que va de 2021 –concretamente en el primer trimestre–, se ha notado un descenso.
“La mayoría de los casos son abandonos voluntarios del hogar o del centro donde se encuentran ingresados; en ocasiones se producen también desapariciones forzosas, tras las que suele haber conflictos familiares, por ejemplo casos de progenitores que se van con el menor a otro domicilio de otra población, lo que puede llegar a constituir un delito de sustracción de menor”, explica el inspector al cargo del grupo UFAM de la comisaría viguesa. En todo caso, estos últimos son supuestos excepcionales: “Desde que estoy al frente de la unidad no hemos tenido ningún caso de estas características”.
"No hay que esperar 24 horas para denunciar, es un mito; cuanto antes nos informen de la desaparición, mejor"
Rebeldía
No se debe generalizar, prosigue este policía, pero cuando un joven se va de casa puede deberse a una amplia casuística. A veces la desaparición se produce tras una acalorada discusión con los padres o algún otro familiar. “Otras veces la motivación es una relación de pareja, consentida o no por los progenitores”, añade Iglesias, que también pone el acento en las fugas motivadas por las normas que se imponen en el hogar. “Por ejemplo, cuando no le dejan salir y el joven, que quiere ir de fiesta, se rebela, se va, acude a dicha fiesta y regresa al día siguiente a la hora de comer”, afirma.
Hay jóvenes reincidentes y también casos de fugas de centros de acogida: chavales que se sublevan así ante las normas y horarios que deben cumplir. Recientemente se resolvió el caso de una menor que estuvo varias semanas fuera de un complejo de Redondela.
Delitos que pueden entrar en juego
Los menores que se fugan suelen tener una red de apoyo en su círculo cercano que les permite seguir así, en paradero desconocido. En ocasiones son amigos del instituto o de la pandilla de toda la vida los que dan cobijo al desaparecido. Otras veces este papel lo juega un novio o novia que, no es excepcional, puede ser ya mayor de edad. Pues la “cerrazón” que usualmente muestran estas personas que ayudan al adolescente dificulta la labor policial. Pero generalmente los agentes acaban venciendo este muro. “Nosotros hacemos labor de investigación, pero también de asesoramiento; y lo que le decimos a estas personas es que, dependiendo de las circunstancias del caso, podrían llegar a incurrir en un delito, el de inducir a un menor al abandono del domicilio”, afirma el responsable de la UFAM.
Una advertencia que suele ser suficiente para que quienes están apoyando a un chaval en su huida acaben colaborando con los agentes. El ilícito penal que cita el mando policial lo recoge el artículo 224 del Código Penal. “El que indujere a un menor o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”, reza el texto legal. Pero hay más delitos que pueden entrar en juego entre quienes tengan papel destacado en la desaparición voluntaria de un menor. Cuando por ejemplo una adolescente de 14 o 15 años se fugue con su novio y éste sea mayor de edad, puede darse el caso de que, si se certifica que hay relaciones sexuales entre ellos aunque éstas sean consentidas, el adulto incurra en un delito de abusos sexuales. La edad mínima de consentimiento sexual en España son los 16 años.
“Todos estos casos son de alto riesgo”
Todas, absolutamente todas, las desapariciones de menores tienen la consideración policial de alto riesgo. Por el mero hecho de que esas personas no han alcanzado la mayoría de edad. Y por la vulnerabilidad que se les presupone a niños y adolescentes. Y después están las denominadas desapariciones inquietantes: son las que se incluyen en la denominada Alerta Amber porque en las mismas hay –al menos aparentemente– un plus de gravedad que obliga a activar todavía más las alarmas. “Son casos en los que hay indicios racionales que pueden revelar un posible riesgo imperioso para la vida o integridad física del menor”, explica el jefe de la UFAM de la comisaría de Vigo-Redondela sobre estos asuntos considerados inquietantes. “O indicios de que puede ser una desaparición forzosa, por ejemplo un rapto”, agrega Manuel Iglesias. Afortunadamente en los últimos tiempos en la urbe no hubo ninguna desaparición de un niño o un adolescente que acabase de forma trágica.
¿Y que deben hacer unos padres y la familia en general cuando un menor no vuelve a casa? Lo primero es asegurarse de que no se retrasó porque esté aún con amigos o porque se despistó de la hora marcada para llegar a casa. Descartado esto, hay que denunciar “cuanto antes”. “Lo de esperar 24 horas no es así, es un mito; cuanto antes tengamos conocimiento de la desaparición, mejor; y con la máxima información posible de los amigos o los sitios por donde suele estar”, concluye.
