Las empresas de desalojo exprés creadas los últimos meses ante el aumento de la okupación ilegal ya comienzan a ampliar su línea de negocio beneficiadas fundamentalmente por las consecuencias de la pandemia. Aunque la mayoría de servicios siguen siendo para desalojar a personas que están en una vivienda de forma ilegal, en los últimos meses este tipo de compañías también están siendo contratadas para negociar con inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, en muchos casos por dificultades económicas como consecuencia del COVID. El objetivo del propietario de la vivienda está claro: ahorrarse los farragosos trámites judiciales y los gastos en abogados por una inversión que consideran más rápida y efectiva.
Fe de ello da Francisco Fernández, gerente de la empresa viguesa Cofiser Recobros y que ha creado una nueva división llamada Desokupación Exprés. “En primer lugar se le envía un burofax al inquilino moroso para intentar conseguir una solución amistosa y que se ponga al corriente de pago. A los cuatro días se le notifica presencialmente, enviamos a trabajadores, que quiero recalcar que no son matones, a su casa. La mayoría de propietarios lo que quieren es recuperar su vivienda, por lo que la solución que más se propone al inquilino es el perdón de toda la deuda a cambio de dejar la casa en 24 horas. Normalmente suele funcionar: al día siguiente nos entrega las llaves, se van y enviamos a un cerrajero para cambiar la cerradura”, explica el responsable de la empresa, con sede en Vigo pero que ante el auge del negocio también ha abierto oficinas en A Coruña y Madrid.
Hay familias a las que se les está perdonando deudas de más de 11.000 euros a cambio de que abandonen la vivienda, porque dejaron de pagar el alquiler hace justo ahora un año, cuando comenzó la pandemia y muchos se quedaron sin ingresos y se vieron obligados a dejar de pagar las facturas. El desalojo exprés de morosos es un servicio que las empresas que se dedican a ello cobran entre 1.500 y 2.800 euros en función “de la prisa que tenga el propietario” por querer tener disponible su vivienda y también de la ciudad o el municipio en la que tenga lugar el servicio. Porque además de en Vigo, las empresas están actuando también en municipios como Culleredo, Ourense, Barco de Valdeorras y también en Asturias y Cataluña, por lo que hay que cubrir los costes de desplazamiento de los empleados.
Lo más eficaz, afirman estas empresas, es perdonar la deuda y reclamar al inquilino moroso que se vaya. Es lo que se da en casi el 100% de los casos en los que hay un contrato firmado con el inquilino y la situación es de impago pero no de okupación. Si es un caso de okupación ilegal y atrincheramiento en la vivienda, la cosa cambia. En primer lugar el precio, que se encarece, y que va de los 2.400 hasta los 5.000 euros. Además, en estos casos, se despliega un auténtico operativo: en función de la situación, uno o varios vigilantes (que tienen que tener la titulación de guardia jurado) se desplazan al edificio en cuyo piso está el okupa para llevar a cabo un control de accesos al inmueble y estar allí las 24 horas. Esto suele acabar desgastando al okupa, que finalmente abandona el inmueble. Pero también se han dado casos de violencia en los que los vigilantes han tenido que enfrentarse físicamente al inquilino indeseado.
“Este es un negocio completamente legal, no somos matones ni desahuciamos a nadie”
“Este es un negocio legal: ni echamos ni deshauciamos a nadie. Es una negociación, no somos matones”, defiende el gerente de Desokupación Exprés. Ya ha visto situaciones curiosas, como el hecho de tener que desalojar en un mismo año a una pareja en As Pontes de dos apartamentos distintos porque no pagaban el alquiler y los propietarios les contrataron.
En estos casos, hay no obstante líneas rojas. Por ejemplo, las empresas antiokupación no suelen aceptar trabajos de desalojo de viviendas en las que haya algún niño siempre que viven en la propiedad. “Pero ya nos hemos encontrado a algunos okupas que meten a un pequeño en la casa cuando estamos nosotros aunque no viva con ellos para evitar que actuemos. Nos tenemos que asegurar que el niño reside ahí para no intervenir y que no es una maniobra de los okupas para atrincherarse”, explican desde Desokupación Exprés.
La okupación ilegal en Vigo: cerca de cincuenta inmuebles tienen arrendatarios ilegales
Según los últimos datos registrados a finales del año pasado, hay al menos 45 inmuebles identificados a lo largo de la ciudad que han sido okupados. Hay casos de naves abandonadas, pero también de edificios de viviendas completos que han sido okupados en su totalidad. El Calvario y Lavadores, precisamente, están entre los barrios más afectados por este incipiente fenómeno. Además de varios en la calle Urzáiz, también hay edificios y naves con okupas en las calles Cataluña, Ramón Nieto, Redomeira, Valladolid y Numancia.
Otra de las partes de la ciudad más afectada es la de la zona de Pizarro y los alrededores del hospital Xeral. Rosa Vello, presidenta de la asociación de comerciantes de ese entorno, afirmaba hace unos meses que la situación en el barrio es “insostenible” y que por la noche andar por la calle “da miedo”.
Doctor Corbal, calle Real, Fragoso, Camiño Seara, Gran Vía, Taboada Leal, Coutadas, Travesía Forno, Fotógrafo Ángel Llanos, Jacinto Benavente, Tomás Alonso o Méndez Pelayo son otras de las calles en las que se han detectado la presencia de okupas.
El problema se presenta sobre todo tanto en edificios y naves abandonados como en segundas residencias. Por ello, tal y como avanzó FARO recientemente, en la ciudad se ha disparado la instalación de cámaras y alarmas de seguridad en estas segundas residencias en las últimas semanas para evitar la entrada de okupas. Según las empresas habilitadas para instalar estos dispositivos, se ha triplicado su instalación por temor a esos inquilinos no deseados.
SIMÓN ESPINOSA
