El bum del fenómeno okupa ha abierto una línea de negocio para algunas empresas, especialmente las de gestión de cobros de deudas, más conocidas como compañías de cobradores de morosos. Muchas personas que han visto cómo sus propiedades eran okupadas acudían a estos negocios en busca de una solución antes de optar a la vía judicial, que suele ser más lenta, para resolver el problema, por lo que algunos de ellos han decidido incorporar un servicio de desalojo sin violencia. En Vigo, una de las que han ampliado su oferta ante la proliferación de intrusos en viviendas es Cofiser Recobros, que ha creado una división llamada desokupación exprés. Opera a nivel nacional y está recibiendo un auténtico aluvión de peticiones de desalojos. “Recibimos unas cuarenta llamadas diarias para pedirnos presupuesto”, asegura su gerente, Francisco Fernández. Ya han realizado varios servicios en todo el territorio español, y A Coruña es una de las ciudades en las que más han tenido que intervenir.
El precio oscila entre los 2.400 y los 5.000 euros, en función de la dificultad del trabajo y del tiempo que necesiten para conseguir el desalojo. Y es que hay casos en los que se ha conseguido en veinte minutos y otros en los que ha durado casi una semana. El procedimiento, que se realiza siempre sin ningún tipo de violencia, es sencillo. En primer lugar, los empleados de la compañía (todos ellos sin antecedentes penales de ningún tipo y sin ningún problema con la justicia), acuden a hablar con los okupas para lograr un desalojo por acuerdo mutuo. En caso de no lograrlo, la compañía moviliza a un conjunto de seis empleados más otros trabajadores externos a la empresa, todos ellos guardias de seguridad homologados por el Ministerio del Interior, montando un control de acceso a la entrada al edificio las 24 horas del día y patrullan la zona, con un perro entrenado con bozal. También se procede a cortar todos los suministros básicos (electricidad, agua…) de la casa o apartamento afectado. Todo el proceso se realiza sin violencia, con el objetivo de que los okupas acaben desistiendo y se vayan al quedarse completamente aislados y con vigilancia las 24 horas. Algunos de los que se encargan de estos servicios de desalojo exprés de okupas ya han sido agredidos por los intrusos y se han visto situaciones muy tensas.
“Nosotros prometemos conseguir el desalojo en 72 horas, los okupas suelen desistir al ver todo lo que montamos. Lo hacemos siempre por las buenas, sin violencia, pero hay casos en los que los vigilantes se enfrentan a situaciones muy complicadas, como amenazas de muerte e incluso heridas producidas por cuchillos y tardamos hasta cinco días en lograr el desahucio”, explica Francisco Fernández.
Según pudo saber este periódico, algunas de las empresas de gestión de cobros que han incorporado este servicio antiokupas, cuentan entre su plantilla con exagentes de Policía, aunque en su mayoría se trata de vigilantes y guardias de seguridad, con un perfil físico (elevada estatura, musculoso…) que consiga “amedrentar” a los okupas.
Hay que destacar que la mayoría de clientes que solicitan este tipo de servicios extrajudiciales son o bien particulares que ven cómo los okupas entraban en sus pisos después de que los inquilinos anteriores que pagaban el alquiler se hubiesen ido o bien fondos buitre cuyas propiedades deshabitadas han sido tomadas por inquilinos ilegales. Los bancos, dueños de buena cantidad de pisos vacíos, paradójicamente no contratan estos servicios.
Algunas de estas empresas de gestión de cobros de deudas han visto cómo en los últimos meses varios particulares acudían a ellas para ofrecer ellos mismos un servicio de desalojo de okupas por 3.000 euros. “Nosotros por ahora no hemos entrado en esa línea de negocio, pero sí suelen venir por nuestras oficinas personas que ofrecen sus servicios para que les contratemos. También algún cliente nos ha llamado para desokupar sus casas, como uno que vio cómo los okupas se hicieron con su chalé en O Vao, pero de momento nos mantenemos al margen”, explica José Rivera, gerente de la empresa viguesa Céltica de Cobros.
Por otro lado, Cofiser también ha incorporado un servicio de prevención de okupas, que consiste en la instalación de cámaras 4G en casas o comunidades de vecinos para detectar cualquier movimiento en las zonas comunes y la entrada de alguien ajeno al inmueble. Este tipo de prestación, que incorpora también la habilitación de un coche de la empresa con vigilantes nocturnos y diurnos, tiene una cuota mensual de entre doscientos y cuatrocientos euros mensuales, en función de las características del inmueble.
Francisco Fernández, de Cofiser, reconoce que pese a que el fenómeno okupa les ha supuesto abrir una importante línea de negocio, lo que está sucediendo “es una auténtica desgracia permitida por la ley”
