El nuevo inquilino de la cárcel de A Lama, Carlos Fernández Gómez, nació hace 65 años en Barcelona. Y llevaba más de media vida sentado al frente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEP).
Este enfermero, que cuentan que comenzó en la profesión cuando aún les llamaban practicantes, tenía plaza en el Servicio Galego de Saúde (Sergas), del que se jubiló formalmente hace dos años. Entre otros sitios, señalan que trabajó en el centro de salud de Coia y en el extinto ambulatorio de la Calle Bolivia –ahora trasladado al Taboada Leal–.
La primera vez que se aupó a la Presidencia del colegio, los que lo recuerdan, destacan que no lo hizo por ganar en las urnas, pero un pacto con otra candidatura se lo permitió. Fue en 1985, tenía 29 años, y ya no la abandonó.
En 1989 y 1993 hubo otros dos comicios. Aunque los consultados no recuerdan los detalles exactos de su victoria, indican que ya por aquel entonces las convocatorias pasaban bastante “desapercibidas”.
Aseguran que, en esta época, estableció una estrecha relación con el que era el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, cuya gestión también está en tela de juicio. Relatan que, cuando esta se rompió, fue cuando empezaron los impagos de las cuotas a este organismo, al que ahora el COEP adeuda ya más de 6 millones de euros, por dos sentencias judiciales.
Manuel Castro Segad fue su contrincante en las elecciones que correspondían en 1997, pero que se celebraron en 1998. El proceso acabó en los tribunales porque este acusó a Fernández Gómez de manipular los votos por correo. Una situación similar a la que le enfrenta ahora a la candidatura de Simplemente Enfermer@s por los últimos comicios. De aquella, el Juzgado de Instrucción 4 de Pontevedra archivó el asunto al no poder demostrarse nada.
En las de 2002, Fernández anula la candidatura que vuelve a presentar Castro Segad y renueva el cargo por otros cuatro años sin votación.
Tocaban otras en 2006, pero aquí empieza a introducir una serie de cambios que las dilatan. En 2005 aprueba los estatutos del colegio tras la entrada en vigor de la Ley 11/2001 de 18 de septiembre de Colegios Profesionales de Galicia. En ellos amplía el mandato a cinco años. Tocarían en 2007. Asociados recuerdan que entonces se comunicó otra modificación, que los ampliaba a siete años.
Finalmente, se convocan para 2009, pero no se presenta rival. Y sigue. Y ya van 24 años. Las siguientes tocarían en 2016, pero prorroga su mandato dos años y se convocan en 2018. Gana por el voto por correo. El proceso está en los tribunales.
Calculan que su mujer, Carmen Gayoso Pereiro, puede llevar casi veinte años involucrada en la gestión del día a día del colegio. Aunque no es electa, ostenta el cargo de secretaria técnica y, según el secretario, Faustino Portela, en la práctica asume sus tareas con el control de los sellos de registro, los libros de entrada y salida de documentación o las contabilidades.
Su hija, Estefanía Fernández Gayoso, ronda los cuarenta años, está casada y tiene dos hijos. Es licenciada en Derecho. Cuentan que habría accedido a la asesoría Gestión Judicial Galega para hacer prácticas y ya no se habría marchado de la empresa que presta asesoramiento legal al colegio. De hecho, trabajadores de la sede se refieren a ella como “la jefa”.
A la cárcel por un agujero de 11 millones
Las más de ocho horas en las que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEV) de la Policía Nacional registraron la sede del Colegio de Enfermería de Pontevedra –en calle Aragón– y el domicilio particular de los investigados podrían no ser suficientes para arrojar luz a este caso. Para preservar otras posibles pruebas, archivos y todo tipo de documental, el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Vigo decretó el ingreso en prisión provisional para su presidente en los últimos 36 años, Carlos Fernández Gómez, su mujer, Carmen Gayoso Pereiro y su hija Estefanía Fernández Gayoso, a los que se le atribuyen supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
Estas actuaciones fueron incoadas hace alrededor de un año a raíz de la denuncia de un miembro de la junta directiva del Colegio, concretamente su secretario José Faustino Portela, y otro grupo de trabajadores que sostienen que Fernández pudo haberse apropiado supuestamente de forma indebida de los fondos del Colegio de 11,5 millones de euros.
Además, en la propia sede viguesa del Colegio convivían otra serie de empresas como el Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que imparte cursos para la institución, Galaprint, Gestión Jurídica Gallega, que le proporciona asesoramiento jurídico, e incluso un sindicato: el Galego de Profesionais da Sanidade (SGPS). Todas estas firmas, a las que se el magistrado hace referencia en su auto, podrían estar relacionados con este presunto blanqueo de capitales. La Policía cifraría, teniendo en cuenta el momento inicial de las diligencia, el entramado en torno a los ocho millones de euros, según precisaron fuentes judiciales.
Tanto Fernández como su mujer –que ejercía en el órgano colegial el cargo de secretaria técnica sin haber sido electa– y su hija, que asumía las tareas de dirección de la asesoría jurídica, no se pronunciaron ante las partes en su primera comparecencia en calidad de detenidos en sede judicial. Poco después de las 12.00 horas de la mañana, los investigados eran trasladados a las dependencias de calle Lalín para su paso a disposición de la sala instructora. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar, motivados en parte, por la declaración del secreto sumarial que rigió durante la pasada jornada del jueves, día en el que se produjeron los arrestos y registros.
Junto a las letradas de la defensa, la Fiscalía, sobre la base de la no declaración de los entonces detenidos, y en vista de lo obtenido en los registros domiciliarios y en la sede del Colegio, solicitó el ingreso en prisión provisional para los tres miembros de la familia. El magistrado refrendó esta prisión en su auto argumentando, entre otras posturas, la no destrucción de más pruebas que puedan resulta de la investigación.
Administradores judiciales
Asimismo, en este auto se hace referencia a la necesidad de fijar uno o varios “administradores judiciales” que resulten de la insaculación o elección de las listas confeccionadas para hacerse cargo de Galaprint S.L. , Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, IGAF S.L. y Gestión Jurídica Gallega S.L. , debiendo ser uno de ellos “economista” o “auditor”. También se requiere a “los propietarios de las acciones o participaciones” de las firmas anteriormente citadas la “prohibición de disponer de las mismas mientras dure la investigación o sea alzada dicha medida” y ello con el “apercibimiento” de la comisión de un delito de alzamiento de bienes.
Personación en la causa
En este escrito, el magistrado también decretó el levantamiento del secreto de las actuaciones. Esta decisión motivó que los denunciantes hayan tomado la decisión de personarse en la causa como acusación particular. El actual secretario, y uno de los propulsores de esta denuncia, Faustino Portela, en enero, acusó de forma pública a Fernández de “hundir” la institución que preside desde 1985 con una gestión marcada por el “ocultismo, la opacidad y carencia de buen gobierno”. En ese mismo comunicado aseguraba que no se le ha permitido ejercer las funciones encomendadas a su cargo en los estatutos y que, en la práctica, las realiza la esposa del presidente.
El secretario fue el que desveló que la deuda de la institución pontevedresa con el Consejo General de Enfermería por el impago de cuotas asciende a más de seis millones de euros. Son dos las sentencias que condenan al colegio a este abono. Una de 2014, que se refiere a los pagos debidos entre 2003 y 2011, por un importe de 4,5 millones de euros. La otra es más reciente, de abril de 2020, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Pontevedra, que le condena a otro millón y medio.
Portela advierte de que “a estos importes habrán de añadirse los resultantes del período restante, desde 2016 hasta la actualidad y que suponen una cuantía cercana a otro millón y medio de euros”. El secretario denunció que estos fallos “nunca” fueron comunicados de forma oficial por el colegio a sus más de 4.000 asociados, que ahora muchos estarían con la intención de desvincularse del mismo.
Junta provisional o administrador legal: las opciones para el futuro inmediato de la entidad
El Colegio de Enfermeros de Pontevedra afronta el reto más complicado: encarar el día después, el futuro inmediato tras la intervención policial y la entrada en prisión provisional de quien ha sido su presidente a lo largo de las últimas tres décadas y media, Carlos Fernández. Sobre la mesa el colegio tendría una posible intervención del Consejo General de Enfermería (CGE), organismo que podría nombrar una junta provisional de edad que asumiría una única función: tomar las riendas de la entidad mientras no se convoquen y celebren nuevas elecciones para designar una junta directiva que tome el relevo de Carlos Fernández.
Otras de las posibilidades es que el propio magistrado designe un administrador legal que asuma las riendas del colegio. Su cometido sería también el de encarar los pasos inmediatos de la institución, tanto el colegio como las empresas. Desde la entidad temen otro escenario que podría concretarse a lo largo de los próximos días o semanas: una marcha de colegiados que acabe por minar la base social del organismo. A diferencia de los médicos, que sí deben estar colegiados para ejercer de forma activa su profesión, los enfermeros no tienen por qué cumplir con ese requisito. Únicamente se les exige que tengan un seguro de responsabilidad civil, una garantía que podrían suscribir, por ejemplo, con SATSE, el Sindicato de Enfermería, entidad que tiene también presencia en la ciudad.
“Nunca nos dio las cuentas. Cuando te niegas, algo tienes que esconder”
