La polémica que rodea desde hace algún tiempo al Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra se desbocó ayer con la detención de su presidente, Carlos Fernández Gómez, la de su mujer, Carmen G. P., y de su hija, Estefanía F. G. por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal. La Fiscalía ya ha pedido que se decrete para ellos prisión provisional.
Los tres investigados, que han pasado a primera hora de este viernes a disposición judicial para declarar ante el magistrado que lleva el caso, fueron arrestados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, en la jornada del jueves, procedieron a un registro documental en la sede viguesa de la entidad y en su domicilio particular, en una parroquia del municipio.
La causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, ha sido declarada secreta y está basada en una investigación que se prolonga desde hace alrededor de un año, según fuentes cercanas.
El colegio cuenta con dos sedes: una más pequeña en la ciudad de Pontevedra y la otra en el número 197 de la calle Aragón de Vigo. Es en esta última en la que se llevó a cabo el registro más largo de los dos efectuados ayer por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en relación a este caso. A primera hora de la mañana acudieron al domicilio en el que se encontraba la pareja. Luego se presentaron en el colegio, pidieron a las tres trabajadoras que allí se encontraban que dejaran sus labores y llamaron a la hija del presidente para que se dirigiera allí. En su presencia y, posteriormente también con sus padres, examinaron durante horas los ordenadores y la documentación almacenada. El registro finalizó pasadas las 20 horas.
En estas instalaciones, a las que el colegio se trasladó hace alrededor de dos décadas –antes estaba en Hernán Cortés– no solo se encuentra el colegio, sino también otras empresas como pueden ser el Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que imparte cursos para la institución, o Gestión Jurídica Gallega, que le proporciona asesoramiento jurídico. O un sindicato: el Galego de Profesionais da Sanidade (SGPS), que propone aglutinar a todas las categorías de trabajadores sanitarios.
Según fuentes de dentro del colegio, en la práctica, la hija asume las tareas de dirección de la asesoría jurídica, con despacho en la sede viguesa. La mujer del presidente tiene el cargo de secretaria técnica en el colegio, que vive un cisma desde hace algunos meses. El actual secretario, José Faustino Portela, en enero, acusó de forma pública a Carlos Fernández de “hundir” la institución que preside desde 1985 con una gestión marcada por el “ocultismo, la opacidad y carencia de buen gobierno”. En ese mismo comunicado asegura que no se le ha permitido ejercer las funciones encomendadas a su cargo en los estatutos y que, en la práctica, las realiza la esposa del presidente.
El secretario fue el que desveló que la deuda de la institución pontevedresa con el Consejo General de Enfermería por el impago de cuotas asciende a más de seis millones de euros. Son dos las sentencias que condenan al colegio a este abono. Una de 2014, que se refiere a los pagos debidos entre 2003 y 2011, por un importe de 4,5 millones de euros. La otra es más reciente, de abril de 2020, del Juzgado de Instrucción Administrativo número 3 de Pontevedra, que le condena a otro millón y medio. Portela advierte de que “a estos importes habrán de añadirse los resultantes del período restante, desde 2016 hasta la actualidad y que suponen una cuantía cercana a otro millón y medio de euros”.
El secretario denunció que estos fallos “nunca” fueron comunicados de forma oficial por el colegio a sus más de 4.000 asociados. La última se conoció de forma indirecta al referirse a ella en la carta de despido de un trabajador, “después de que Inspección de Trabajo obligara a Carlos Fernández a reconocer a varios trabajadores como personal laboral de la entidad, ya que mantenían hasta entonces una relación de falsos autónomos (...) percibiendo sus salarios a través de otra empresa”.
La directiva del colegio tiene otra causa abierta. En este caso, por presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2018, en el que la candidatura encabezada por Carlos Fernández se enfrentó a la de Simplemente Enfermer@s, liderada por Pablo Moreira Hermelo. Fue archivada por el juez en la vía penal, pese al criterio de la Fiscalía. Ahora está pendiente de celebración del juicio en el Contencioso-Administrativo.
