Zona Franca desgrana las claves de la fábrica de baterías eléctricas y los laboratorios de tecnología de propulsión limpia, el ambicioso proyecto que aspira al reparto de fondos europeos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El delegado estatal, David Regades, acompañado por el alcalde, la presidenta de la Diputación y la directora de Innovación del CTAG presentó ayer la manifestación de interés que ya ha remitido al Gobierno y en la que se incluyen, por ejemplo, detalles sobre la inversión o el empleo que movilizaría la instalación. El mayor desembolso lo requerirá la factoría, que según la estimación del Consorcio exige una inversión de 151,7 millones de euros –cifra considerablemente inferior a la de otras plantas similares de Europa, que llegan a alcanzar los 2.000 millones– y llegará a lograr una capacidad, en su fase final, cuando tenga sus engranajes bien engrasados, de 16 GWh y 300.000 baterías cada año.
En una etapa inicial, durante sus tres primeros años, Zona Franca calcula que la fábrica generará un centenar de empleos directos y un millar de indirectos. Cuando alcance su pleno rendimiento los datos se multiplicarán por ocho hasta superar los 800 y 8.000, respectivamente. Los laboratorios tecnológicos movilizarán a su vez 30 millones de euros y crearán medio centenar de puestos directos y 250 de manera indirecta. De los cinco, uno se integrará en la factoría y los cuatro restantes servirán de apoyo bajo el liderazgo del CTAG. “Diferencian este proyecto, pensado en clave económica para el empleo de la ciudad, estratégico para la transformación y la recuperación económica”, destacó el delegado estatal. El objetivo, subrayó, es “mantener la posición de Vigo como referente europeo” en la automoción.
El proyecto parte de una alianza entre las instituciones públicas y el sector privado que ya cuenta con el respaldo –precisó Regades– de Iberdrola, GKN Automotive, ZGR, Llittle, Castrosua, Delta Vigo, Master Battery, Cegasa, Grant Thornton, Marsan, Unvi, Electrónica & Comunicaciones, URO, Martínez Segovia Fernández-Pallás Asociados y Seganosa, además de Energylab, Universidad, CTAG, Diputación, Ayuntamiento y Ministerio de Industria.
Desde Stellantis, apuntan a FARO que el proyecto está “en una fase embrionaria” y señalan: “Trabajamos con Zona Franca para ver el posible encaje de esta iniciativa con la estrategia” de la compañía. “Grupo PSA (hoy Stellantis) y Total Saft lanzaron una joint venture en 2020 para la producción de pilas de baterías. Este proyecto cuenta con el apoyo de los gobiernos francés y alemán. La producción se realizará en Douvrain (Francia) y Kaiserlautern (Alemania). La planta de Vigo sigue en su lucha continua por mejorar su productividad. La proporción de vehículos eléctricos va a seguir creciendo y, por tanto, se hace cada vez más importante el coste de las baterías y su logística”, abundan desde la multinacional.
CEG y Asime
El alcalde, Abel Caballero, recalcó que el proyecto se plantea “desde la concordia” y es “compatible” con otros planteados en España. La presentación de Zona Franca se produce de hecho solo unos días después de que el Gobierno anunciase la creación de un consorcio público-privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola para lanzar una fábrica de baterías en Cataluña. Ayer mismo la CEG trasladó su malestar por que el Ejecutivo “se comprometa con un proyecto antes de la convocatoria de ayudas”. Desde la patronal del metal (Asime) se argumenta también que una sola fábrica, como la que se plantea en Martorell, “no será suficiente”. “La de Galicia fortalecería toda la cadena”, recalca la asociación sectorial.
“Es un proyecto que no nace contra nadie, sino impulsando la automoción. Nace desde la concordia. Puede haber otros en Europa con la misma capacidad tecnológica que nosotros, pero no mayor”, insistió Caballero antes de lamentar las voces que “generan debate político”. Regades también lamentó que el Consorcio y las administraciones local y provincial hayan debido actuar “ante la inacción“ de la Xunta. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, reivindicó también la planta como “un proyecto estratégico” para el noroeste peninsular: “Ya nos gustaría que otras instituciones tuvieran esta visión”. Ana Paul, del CTAG, subrayó a su vez el “enfoque integral” de la propuesta.
