El coronavirus ha logrado parar en seco la actividad judicial. Igual que los juzgados, la Fiscalía de Área de Vigo vio limitada su labor a los servicios esenciales, aunque desde hace diez días, con la flexibilización de las restricciones iniciales, los fiscales ya despachan digitalmente causas ordinarias al permitirse la tramitación de las notificaciones, si bien los plazos procesales siguen suspendidos. Para garantizar la seguridad sanitaria, se ha restringido el acceso a las dependencias del Ministerio Público y se ha limitado la presencia física de los fiscales de guardia, sustituida por su presencia virtual con medios telemáticos. Y la fiscal jefe, Susana García-Baquero, añade que el teletrabajo también es una realidad para los funcionarios: "Todos los que integran la oficina fiscal han accedido de forma voluntaria a la instalación en sus equipos privados de VPN, lo que les permite acceder al escritorio digital y desarrollar su trabajo desde sus domicilios".
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- ¿Cómo se desarrolla el trabajo de fiscales y funcionarios en este escenario inédito? ¿Es el teletrabajo compatible con que en el ámbito judicial aún no se logró el 'papel 0'?
-En una primera etapa, desde el 14 de marzo al 14 de abril, solo se atendieron servicios esenciales. Después se aumentó hasta tres los funcionarios presenciales, sin perjuicio de que desde el 15 de abril todos los funcionarios y fiscales pueden desempeñar las funciones de despacho de papel de forma digital. Por tanto, el teletrabajo en justicia no es cosa del futuro, sino del presente y yo diría que incluso del pasado, ya que la ley que lo implementa es de 2011. En Galicia tenemos los equipos y medios adecuados. Otra cosa es que las aplicaciones deban actualizarse, simplificarse, unificarse y que deba implementarse definitivamente el expediente digital.
- La reactivación parcial de la actividad en los juzgados, ¿ha permitido también la reactivación del trabajo habitual de los fiscales?
-No. Los servicios mínimos de funcionarios presenciales son aún muy escasos, sin perjuicio de que pueda alcanzarse cierta normalidad si se implantara el teletrabajo.
- Se prevé una avalancha de pleitos a causa del Covid-19. ¿Cree que habrá ese gran aluvión ?
-Quizá se vean más afectados los órdenes jurisdiccionales social, mercantil o contencioso-administrativo. No creo que el penal demasiado. En todo caso, el estado de alarma ha provocado situaciones jurídicas desconocidas hasta ahora, así como gran cantidad de legislación cuya ejecución e interpretación supondrán carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales.
- El CGPJ ha presentado una batería de propuestas organizativas y procesales para un plan de choque para cuando finalice el estado de alarma. ¿Cómo las valora?
-El inicio de la actividad judicial vendrá condicionado por la situación sanitaria: el reto es prestar un servicio esencial con absoluta normalidad, sin olvidar que debemos desenvolvernos en un estado de pandemia. Se proponen medidas de agilización y eficacia, que tienen como fin no solo superar los efectos de la pandemia, sino, especialmente, conjurar nuestros anquilosados sistemas procesales. Pienso, sin embargo, que algunas de las medidas precisan de reformas legales. Por otra parte, la habilitación de días y horas inhábiles debe ir acompañada de un aumento de recursos personales para evitar el colapso en el órgano de resolución: sin recursos para la última fase resolutiva, el sistema quedaría igualmente colapsado por el efecto embudo. La lección que debemos sacar todos es que la pandemia ha puesto en jaque nuestro sistema judicial y logró paralizar uno de los pilares del estado de derecho, como es el Poder Judicial. Si vamos a convivir con el virus y con la amenaza de sucesivos rebrotes en contagios masivos, debemos evitar que esto se repita.
- La Fiscalía General del Estado (FGE) plantea también medidas urgentes ¿Cuáles ve esenciales?
-Se proponen 60 medidas que deben ir acompañadas de propuestas ejecutivas de los organismos competentes (Ministerio de Justicia o autonomías): adaptación de justicia digital única en todo el territorio, refuerzos de personal, adaptación de la inmediación con sistemas de videocomunicación, sede electrónica en la FGE, reagrupación de órganos especializados de distintos partidos judiciales ( juzgados de violencia de género)... Son medidas de avance y necesarias, con independencia de la pandemia.
