La lucha contra la epidemia del coronavirus en la ciudad cambia de pantalla. El Ejército de Tierra entra en la escena para velar por el estricto cumplimiento del decreto que rige el estado de alarma y blindar la seguridad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se lo comunicó ayer al alcalde, Abel Caballero, en lo que supone una nueva escalada en las cautelas para contener el Covid-19.
Unidades de la Brilat -con base en Pontevedra- se desplegaron en las calles de Vigo en puntos neurálgicos de la ciudad: el Puerto, la estación de tren, Plaza América y Plaza España, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. En total se movilizará un centenar de unidades, que se coordinarán con la Policía Local y Nacional. En los últimos compases de la jornada de ayer llegaron una treintena de efectivos, y se espera que hoy regresen hasta rondar el centenar. "Reforzaremos la vigilancia a efectos de dar protección a los ciudadanos y cumplir las normas", enunció el alcalde.
Vigo se sumará a las ciudades españolas donde las Fuerzas Armadas han salido de los cuarteles para colaborar en el control de las prevenciones. El pasado domingo se acordó la movilización de 350 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ciudades donde tiene base (como Madrid, Sevilla, Valencia, León o Zaragoza, entre otras) y ayer se desplazaron otros 1.100 en 13 provincias. A la urbe olívica no acudirá la UME, sino unidades de la Brilat. El Ayuntamiento, desde el fin de semana, mantiene la operatividad de la Policía Local y los Bomberos "al 100%". En caso de los primeros, un protocolo específico les obliga a diseñar las patrullas siempre con los mismos agentes y a extremar la cautela tanto en cacheos como en controles de alcoholemia, para minimizar el riesgo de contagio del Covid-19.
Seguridad al margen, el gobierno local volvió a reunir ayer a su comité de seguimiento para impulsar el quinto paquete de medidas en el ámbito local. El mensaje es el mismo, pero con un punto más de contundencia: solo abandonar el hogar para ir a la compra o acudir al trabajo. Y nada más. "Está terminantemente prohibido estar de paseo y en grupos", recordó Caballero. Aunque, por lo visto, el aviso no cala en algunos. Después de decretar el cierre del paseo de Samil -con "cientos y cientos" de peatones el sábado-, las playas de la ciudad, Castrelos y la zona interior de la muralla del Castro, el gobierno municipal acordó ayer clausurar los paseos de Bouzas, el Lagares "y espacios análogos". Los parques infantiles, como casi 80 recintos e instalaciones municipales, ya están cerrados.
Igual de condicionada queda la vida política. Caballero mantuvo una reunión con los tres portavoces de la oposición (PP, Marea y BNG) para comunicarles el inicio de la tramitación para aplazar el próximo pleno -a menos que fuera necesario para aprobaciones urgentes-, y las comisiones informativas. La Gerencia Municipal de Urbanismo, como buena parte de los servicios municipales, se mantendrá activo, pero operará mayoritariamente de forma telemática.
Nadie en la calle
Pero otro de los acuerdos clave adoptados incide directamente en lo social. Si el domingo el regidor reveló la puesta a disposición de pabellones deportivos para acoger a los sintecho que no acudieran a albergues municipales -hasta ayer a la mañana se hablaba de abrir por la noche el recinto de O Berbés-, ayer lunes no fue necesario llegar a ese extremo, tras un acuerdo alcanzado con los hosteleros para el realojo -obligado- en pensiones y hostales.
"Queremos que esta situación de crisis afecte lo menos posible a estos colectivos", defendió. La decisión tuvo un efecto inmediato: el desmontaje, ayer a media tarde, de la acampada de personas sin hogar en Praza do Rei, instalada desde hace más de tres años. Desde Marea de Vigo se reclamó que el Concello de Vigo fuera un "escudo social" para los más vulnerables y que se convocara una reunión del Consello Social de la ciudad.
Caballero, tras varias conversaciones como la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, también presidió la junta de Portavoces de la FEMP que trasladó al Gobierno la conveniencia de emplear el superávit o flexibilizar la regla de gasto para reforzar la política social.
