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La maquinaria judicial avanza para que 180 extrabajadores de GEA cobren 2,3 millones

Activada la subasta notarial de 1,3 millones de acciones de una cadena hotelera para parte de la deuda: 390.000 euros -También se pide el embargo del local de un gimnasio de Barcelona

Vista área de los terrenos del antiguo Grupo de Empresas Álvarez (GEA) en Ramón Nieto. // Marta G. Brea

Vista área de los terrenos del antiguo Grupo de Empresas Álvarez (GEA) en Ramón Nieto. // Marta G. Brea

Con dos sentencias que les dan la razón, una de ellas firme, la maquinaria judicial ya se ha puesto en marcha para que algo más de 180 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) puedan cobrar cuantías que en global suman unos 2,3 millones de euros. La promotora Naerama Group S.L. y Construcciones José Castro S.A. son las dos empresas condenadas al pago de estas cantidades por terrenos en su día cedidos por empleados de la que fue una de las industrias más prósperas de Vigo. Los impagos se mantienen desde hace más de una década. Tras las resoluciones judiciales favorables a los demandantes, los procedimientos se encuentran ahora en la fase clave, la de la ejecución, de cara a que el dinero adeudado llegue por fin a manos de estos trabajadores. Algunos ya fallecieron y son sus herederos quienes ejercitan la acción.

El procedimiento en el que hubo más movimientos en los últimos meses es el que está en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Vigo. Esta sala condenó a las dos constructoras a abonar, entre principal, intereses y costas, 390.680 euros a 25 extrabajadores de Álvarez. Precisamente, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, acaba de confirmar esa sentencia en una resolución con fecha de este pasado 9 de diciembre. Si bien aún no es firme -todavía cabe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo-, lo cierto es que el juzgado que vio el asunto en primera instancia puso en marcha la ejecución provisional para que este grupo de demandantes puedan cobrar lo que les corresponde.

Ya en julio la sala declaró embargadas acciones propiedad de Construcciones José Castro en el Grupo Inversor Hesperia, cadena hotelera catalana. Tras otra serie de trámites, en noviembre, mediante diligencia de ordenación, se ordenó remitir mandamiento al Colegio de Notarios de Galicia para designar notario de cara a proceder "a la enajenación" de dichas participaciones sociales.

Ese proceso ya está, de hecho, en marcha. El acta de subasta notarial con el que arranca el procedimiento que derivará en la puja tiene fecha de este 26 de diciembre. Ante el notario compareció Tomás Santodomingo, abogado que representa a los extrabajadores. El documento concreta que son un total de 1,3 millones las acciones embargadas a la constructora que se integran en la cadena hotelera. No cotizan en bolsa y cada una tiene un valor nominal de 30 euros. Todas están "pignoradas" a favor de la promotora Finca do Conde S.A. en garantía de un contrato de préstamo de 2013 que fue elevado a público en escritura este mismo verano. De forma previa a la puja, como recoge el acta, un auditor de cuentas deberá establecer el valor de dichas participaciones sociales.

Más embargos

A la espera de como evoluciona esta subasta notarial, otra causa judicial en la que antiguos empleados de GEA ganaron la batalla en los tribunales es la que se llevó en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo. En este caso, tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Supremo emitió en febrero de este 2019 la última palabra en el procedimiento, dando firmeza a la condena de nuevo a Naerama y Construcciones José Castro a abonar algo más de 1,5 millones de euros a 159 extrabajadores. Una cantidad que prácticamente se eleva a los dos millones al sumar los intereses y las costas.

En este expediente el letrado Tomás Santodomingo representa a 95 de los antiguos empleados de GEA. Explica que en su día obtuvieron algo más de 100.000 euros, pero falta el resto de la millonaria cantidad. De cara a cobrar la deuda, por una parte se procedió al embargo de terrenos de una finca de Coruxo valorados pericialmente en 957.000 euros. Pero este abogado acaba de pedir al juzgado que se proceda también al bloqueo de un local ubicado en Barcelona, que alberga un gimnasio, con valor catastral de unos 3,5 millones de euros. "Pedimos el embargo de las cuantías que la sociedad propietaria -una de las constructoras condenadas- recibe en concepto de alquiler y, en todo caso, del inmueble", concluye el jurista vigués.

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