La historia de los roces entre el Ayuntamiento y el Puerto de Vigo por clarificar sus competencias en la maltrecha zona de As Avenidas no ha escrito aún su final. El último capítulo es el rechazo del ejecutivo municipal a reparar el ámbito -el principal escaparate marítimo de la ciudad-, aprovechando la intención de disolver el convenio "Abrir Vigo al Mar" de 1992 y recuperar el control absoluto del frente. La postura, valorada ayer en junta de gobierno local, tiene múltiples aristas. El Concello despacha con un no la petición del Puerto de ejecutar reformas para devolver los terrenos "en perfecto estado de conservación" por entender que no le corresponde. Pero a cambio, ofrece retornar todo aquello de lo que se venía haciendo cargo hasta ahora: desde las obras llevadas a cabo en "superficies urbanizadas" hasta el cuidado del mobiliario urbano. Además, considera que "Abrir Vigo al Mar" aún tiene vigencia hasta octubre de 2020, y recurre las causas que llevaron a la institución ribereña a declarar la disolución del acuerdo en septiembre.
Varios puntos, en fin, que se vienen a sumar al largo historial de fricciones destapado entre ambas instituciones especialmente a raíz del accidente de O Marisquiño. En los últimos meses los acontecimientos se han precipitado, con episodios de muy distinta categoría: desde conversaciones para una reforma integral de la zona hasta una disputa, la última, por el proyecto que Zona Franca -la tercera pata de "Abrir Vigo al Mar"- quería impulsar bajo Montero Ríos. Entremedias, el Puerto sacó a licitación su propio proyecto de reparación del paseo y se celebró el juicio llamado a repartir culpas en el colapso del muelle.
En mayo, días antes de producirse otro desplome en el muelle y previamente a la celebración del festival Seafest y otra edición de O Mariquisño, el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, recurrió al criterio de la Abogacía del Estado para urgir al Ayuntamiento a reparar el ámbito, de acuerdo con las competencias de "conservación" recogidas en el convenio. Al Concello no le valió el argumento. Respondió que su actuación se ceñía exclusivamente al desgaste de las instalaciones por su "uso natural". "En ningún caso puede entender que el Concello asumió la obligación de vigilar, mantener y conservar (...) las estructuras de los muelles que soportan estas obras", subrayó entonces.
Para el gobierno municipal, el principal espaldarazo a su tesis llegaría poco después. La Autoridad Portuaria quiso recurrir la posición del Ayuntamiento, pero al no formular demanda en plazo, el proceso fue archivado por el Juzgado de lo Contencioso 2 de Vigo. Para el Concello, el carpetazo judicial dejó al trasluz que su criterio -el de actuar solo en aquellas partes desgastadas por el "uso natural"- era el único válido.
Lo que vino a continuación carece de fundamento para el ejecutivo de Praza do Rei. Incluido el reciente escrito enviado por la Autoridad Portuaria, en el que informa de la resolución del convenio por "causas imputables" a la administración local, pero también por la obligación jurídica de extinguir los convenios que no se adapten a la reformada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sobre ese punto, el Ayuntamiento también niega la mayor. En su interpretación de la legislación, aduce que el histórico pacto que llevó a remodelar por completo el perfil costero de Vigo y su interacción con el mar podría mantener su vigencia hasta el 2 de octubre de 2020, "aunque no se adapten a dicha ley".
