Las comunidades de propietarios afectados por el desvío de más de 1,1 millones de euros de sus derramas o cuotas a cargo del gestor de fincas Rafael Bautista y su hija María recuperarán buena parte del dinero que ya creían perdido. Tras varias jornadas de negociación, todas las acusaciones y Fiscalía han llegado a un acuerdo verbal con las aseguradoras. Estas se comprometen a consignar el 80% del total de las indemnizaciones que reclamaban, tal y como explicaron fuentes próximas al caso, cifra que ronda los 880.000 euros.
El acuerdo se cerró ayer si bien las partes están citadas para el próximo miércoles día 15 en la Audiencia viguesa para la formalización del mismo. De este modo se pondría fin a un procedimiento judicial que se prolonga desde hace más de seis años, cuando a principios de 2013 se presenta la primera denuncia de una comunidad afectada.
Este pasado lunes se celebró la vista contra los dos acusados. Padre e hija reconocieron los hechos y llegaron a una conformidad sobre la responsabilidad penal: cuatro años de prisión para Rafael Bautista y dos para María por un delito continuado de apropiación indebida. Donde no se produjo tal acuerdo fue en la responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones a las comunidades afectadas, donde las cuantías desviadas oscilan entre los 971 y los 87.779 euros según cada caso.
Abogados de las comunidades, aseguradoras y el Ministerio Fiscal intentaron desde aquellas sin éxito un acuerdo en lo relativo al pago de estas indemnizaciones. Los acusados tenían suscritas dos pólizas, una relativa a su gestión y práctica laboral, y otra a título personal. Con esta negociación, las compañías buscaban rebajar esta cuantía, que asciende al millón de euros a través de un quita del 20%, propuesta que finalmente fue la verbalmente acordada.
Y es que a este respecto, los letrados defienden que si bien demandaban una compensación económica "íntegra", apuraban la predisposición de las compañías para llegar a un acuerdo que facilite el cobro de estas cuantías "lo más pronto posible". Si éste no se producía, se celebraría un juicio solo por la responsabilidad civil, que de conllevar recurso ante el Tribunal Supremo podría dilatar la causa durante otros tres años más.
