El Hospital Povisa atribuye la situación que atraviesa "única y exclusivamente" a las "lesivas" interpretaciones que el Sergas hace del concierto singular que los une. Destaca que se lo ha venido advirtiendo "desde hace meses" sin que se haya alcanzado una solución, pero confía en hacerlo en los tres meses de negociación que abre el preconcurso de acreedores. Asegura que no pretende "ganar un solo euro" con la atención pública, que califica de "altamente deficitaria para el hospital", sino que se trata de "lograr un equilibrio financiero que le permita continuar con su actividad", contando incluso con los márgenes de actividad privada.
A través de un comunicado, Povisa explica sus cifras. Indica que, desde que entró en vigor el nuevo convenio con el Sergas -finales de 2014-, ha cerrado sus cuentas con pérdidas: 5,5 millones de euros en 2015; 4,3 millones en 2016; y 5,4 millones en 2017. Señala que, en el presente ejercicio, se percibe un "agravamiento de esta misma tendencia".
Explica que, según un informe de expertos independientes que encargó este año, estos números rojos "han sido motivados exclusivamente" por el sector público y fija en 30 millones de euros las pérdidas derivadas del concierto desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2017. Le suma los 9 millones de euros acumulados este año y otros 3 millones correspondientes a la detracción de tratamientos previos. En total, 42 millones.
Cuenta que, hasta ahora, "ha podido hacer frente a estas cuantiosas pérdidas gracias al fondo de reserva con el que contaba la empresa debido a su actividad privada [aseguradoras y pacientes particulares] y al hecho de no haber distribuido dividendos entre sus accionistas desde hace 25 años". Resalta que, a finales del año pasado, ya comunicó al Sergas que el fondo se agotaría en 2018 y le urgió a buscar una solución al "fortísimo desequilibrio, que ni siquiera la actividad privada del hospital puede compensar".
Relata que se reunieron en "numerosas ocasiones", como la que mantuvo con el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, y el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa en enero. En marzo, una auditoría alertó del "agotamiento inminente de las reservas", que se comunicó también a la Administración. Al no alcanzarse, el hospital concertado ha comenzado a retrasar pagos, como el del IRPF.
El problema radica en las diferentes lecturas que las partes hacen del convenio pactado en 2014. Povisa argumenta que el equipo del Sergas que lo acordó fue relevado poco después y el actual hace interpretaciones "enormemente lesivas" para el hospital e "inimaginables para las personas que participaron en su negociación". Alude, principalmente, a cuatro. La primera, que el importe que Sanidade destina al pago de la medicación hospitalaria de los no ingresados no cubre el coste real. Habla de un déficit de entre 5 y 6 millones al año, a los que suma otros 5,4 de tratamientos de alto impacto surgidos tras la firma del acuerdo.
En segundo lugar, reprocha que el Sergas le factura servicios que no están en su cartera y por cuya cobertura desde el sistema público no le había cobrado en anteriores acuerdos, argumentando que no están expresamente excluidos. "Tampoco están expresamente incluidos", sostiene Povisa. También critica que le han reducido progresivamente el envío de pacientes a sus áreas de referencia, lo que valora en 1,5 millones al año. Y, por último, se refiere a las dificultades con las que se encuentran los pacientes que quieren trasladar su atención a Povisa. El hospital puede asumir un máximo de 139.000 cartillas y ahora está en unas 137.000.
