La investigación sobre la presunta trama de venta ilegal de pescado se inició el pasado mes de mayo. Los investigadores, durante este tiempo, pudieron constatar que quienes no cedían al soborno, los profesionales que se negaban a la extorsión, sufrían importantes consecuencias por parte de la trama.
Así, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que a estas personas, en unos casos, se les asignaban los peores puestos de venta, mientras que en otros eran perseguidos a multas por los policías portuarios, que les sancionaban por infracciones que se transigían a la mayoría de los usuarios, como fumar en el interior de la lonja, carecer de documentación de trazabilidad las cajas de pescado expuestas o estacionar de forma incorrecta los vehículos en el muelle.
Precisamente varias de esas personas declararon como testigos y han detallado las supuestas coacciones que sufrieron por parte de policías portuarios.
