Las demandas laborales contra el grupo Hermida se suceden desde hace años en los juzgados

Las causas contra el grupo Hermida en los juzgados de Vigo se suceden desde hace más de una década. Si ahora los Juzgados de Instrucción investigan por vía penal presuntos delitos de millonarios fraudes a Hacienda y a la Seguridad Social, en los Juzgados de lo Social son bien conocidas las numerosas demandas presentadas por los trabajadores del centenar de empresas que forman la trama. Un conglomerado que movió 3.500 contratos.

Numerosos trabajadores de las distintas empresas de seguridad que abreron y cerraron estos años resultaron afectados por el cambio de filiación empresarial sin su consentimiento; otros se encontraron con que no se había cotizado por ellos y tuvieron que demandar para conseguir la liquidación y los últimos salarios; pero lo más duro fue que muchos dados de alta en una empresa abierta en Lugo tuvieron que devolver el paro que habían estado cobrando por irregularidades en su contratación.

Condiciones laborales con más horas de las fijadas, horas extras que no se abonaban o incluso salarios en B ya que se cobraban por cheques mientras que en la nómina figuraban cantidades ridículas.

Estas reclamaciones fueron previas a las de los empleados de hostelería vinculados al grupo, en especial los de la cadena de cafeterías La Barraca cuyas denuncias desembocaron en la operación policial de la semana pasada que se saldó con 12 implicados, entre ellos los hermanos Manuel y Alfredo Hermida que fueron detenidos como presuntos cabecillas de la trama y que quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial aunque la juez impuso como medida cautelar la presentación semanal en el juzgado de guardia,

El BOP de Pontevedra está lleno de sanciones a distintas empresas del grupo Hermida por irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo. A lo largo de los años el modus operandi ha sido similar, tanto en las deudas a la Tesorería de la Seguridad Social como en los posibles fraudes del IVA.

Ahora los hermanos Hermida afrontan no solo investigaciones por presunto fraude fiscal o a la Seguridad Social, sino también por supuestos delitos contra los trabajadores. Muchos de ellos acabaron cobrando del Fogasa, otros todavía pelean sus derechos.