La Ley del Área Metropolitana de Barcelona establece amplias competencias para la presidencia mientras que en la gallega ejerce las principales funciones de mando la junta de gobierno, formada por los 14 alcaldes y en la que el de Vigo sería uno más independientemente de que en él recayese la presidencia. El voto de la ciudad olívica, con casi 300.000 habitantes (el 61,5% de la población del Área), valdría lo mismo que el de Fornelos (1.785 vecinos) o Pazos (3.075).
El máximo responsable del Área de Barcelona puede nombrar y destituir a los cuatro vicepresidentes, además de dirigir el personal, aprobar inicialmente los planeamientos urbanísticos, adjudicar concesiones y adquirir bienes inmuebles por hasta tres millones. Es propuesto por el consejo de alcaldes y para designarlo es necesaria la aprobación de los que representen al menos dos tercios de la población. Sin Barcelona es inviable y, aunque no está escrito en la ley que su regidor de turno esté al frente, se da por natural que así sea.
El diseño también establece la necesidad de acuerdos entre los grupos políticos para que el Área sea operativa, y las decisiones de mayor trascendencia, como inversiones, planificación o transferencias se adoptan por consenso.
