Los ayuntamientos formalizan su total rechazo a la reforma local del Gobierno. Alrededor de tres mil entidades locales de toda España en las que residen 17 millones de ciudadanos presentaron ayer un recurso contra la normativa ante el Tribunal Constitucional. Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, representantes de distintos grupos de la oposición acudieron en persona al alto tribunal cargados con las 80 cajas que albergaban los acuerdos alcanzados en los respectivos plenos contra la reforma y que se adjuntan al recurso de inconstitucionalidad.
"Es el mayor ataque al municipalismo que se ha hecho en democracia", denunció Caballero que advierte como una de las consecuencias directas de estos cambios el bloqueo de "multitud de políticas sociales" y de actuaciones en el ámbito de empleo, educación o sanidad. "Los ayuntamientos ya no tendrán recursos ni capacidad para seguir ayudando", destacó.
Los regidores insisten en que no se trata de una "lucha de poder", sino de "defender a los ciudadanos y evitar una privatización masiva de servicios municipales". Caballero ensalzó el gran acuerdo alcanzado entre casi tres mil municipios de toda España "desde diferentes posiciones políticas" y todo el grupo expresó su deseo de que la tramitación se haga "con celeridad para evitar los daños de la apliación inmediata". "La reforma local generará más miseria, más dificultad y menos progresismo", afirmó el vicepresidente de la FEMP rodeado, entre otros, por el alcalde de Lleida, el de Rivas o el presidente del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña. Todos coinciden en la idea de que "se limita la autonomía de los ayuntamientos", añadiendo que "hay muchos alcaldes del PP" que la apoyan, subrayó Carles Páramo, de CiU.
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local entró en vigor en diciembre y la Xunta aprobó una ley en mayo para adaptar su normativa básica a la comunidad.
