Rosa Prieto / A CORUÑA
El Ministerio de Defensa investiga a los dos mandos que enviaron cartas de apoyo al comandante militar de A Coruña y Lugo, el coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda, destituido y arrestado tras elaborar un informe plagado de críticas y opiniones personales sobre la ley de la Memoria Histórica. Por ese documento, el jefe militar de A Coruña, que tomó posesión de su cargo el pasado verano y el próximo mes de julio iba pasar a la reserva, fue apartado de destino, se le impuso un mes de arresto y se enfrenta a un expediente que determinará si su actuación ha sido grave o muy grave. La decisión fue tomada a principios de mes por el general jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército de Tierra, Ángel Guinea Cabezas de Herrera, cuya sede está en Valladolid y de la que depende la Comandancia de A Coruña.
El comandante en la reserva José Luis Núñez Astariz y el teniente José Luis Núñez Torreiro, destinado en Colmenar Viejo (Madrid), enviaron dos misivas en las que se solidarizaban con el jefe militar de A Coruña y responsabilizaban a sus superiores de haber filtrado una medida disciplinaria "secreta" y "confidencial", y que por tanto, "muy pocas personas tienen acceso a ella". Un día después de esta muestra de apoyo, el Ministerio de Defensa les ha dado instrucciones a los dos mandos para que guarden silencio sobre el caso.
Sanciones
El teniente coruñés Núñez Torreiro, de 36 años y con una hoja de servicios sin ningún arresto anterior, se enfrenta a una posible falta leve por haber manifestado públicamente su opinión sobre la orden de arresto dictada contra el coronel Fernández Navarro. El comandante Núñez Astariz quedaría exento de cualquier sanción ya que está en la reserva. La Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas establece que las faltas leves pueden ser sancionadas con un arresto de entre uno y treinta días de duración en el domicilio o en el acuartelamiento. Las sanciones por falta grave pueden conllevar un arresto de un mes y un día a dos meses en establecimiento disciplinario militar.
El procedimiento sancionador se abre en el momento en que se le comunica al militar que supuestamente ha infringido la disciplina militar, tras lo cual es citado a declarar. Desde el momento en que se le notifica la sanción impuesta, tiene 15 días para recurrirla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando llega la deliberación del recurso -la ley marca dos meses- el arresto impuesto en el domicilio o el acuartelamiento militar ya se ha cumplido. En el caso de las faltas leves, el proceso es oral y puede demorarse un mes. Para la faltas graves, el proceso, que es escrito, obliga al nombramiento de un instructor y un secretario, y puede prolongarse hasta tres meses.
En declaraciones a este periódico antes de publicar las dos cartas, los dos mandos coruñeses coincidieron en transmitir su respaldo al coronel destituido por entender que se ha "filtrado" un arresto que, como cualquier llamada de atención, es "confidencial" y secreta.
Todos los arrestos llevan el sello de reservado y se guardan en una caja fuerte de una unidad llamada PDC, donde se archiva la documentación reservada. "La información clasificada es para ámbito del Ministerio de Defensa. La de mayor trascendencia la conoce el ministro y otros documentos, en función de los niveles de secreto, los generales", aseguran fuentes militares.
Para ambos oficiales que enviaron las cartas en apoyo a Fernández Navarro, la "filtración" de la orden de arresto deja en evidencia al Ministerio de Defensa.
Para el comandante Núñez Astariz y el teniente José Luis Núñez Torreiro, los agregados militares que estén en estos momentos en España no estarán ajenos a la divulgación de esta orden de arresto. "Se estarán diciendo `yo no me fiaría de los secretos militares´ porque acaban saliendo a la luz pública", comentaron los dos militares en vísperas de hacerse públicas las dos misivas.
