Los enganches ilegales a la luz se disparan un 120% y baten su récord con 3.000 en un año

La falta de ingresos suficientes para disponer de un hogar en condiciones aboca a familias a okupar viviendas o a prácticas peligrosas para su integridad como enganchar de manera ilegal la conexión eléctrica al cuadro de otro edificio. Este fue el origen del incendio el pasado octubre en el que fallecieron una madre y dos menores en un edificio de Vigo. Este tipo de casos vinculados a familias con escasos recursos, pero también algunos relacionados con plantaciones ilegales de marihuana, que requieren un gran consumo eléctrico, se dispararon el año pasado, hasta el punto de duplicar los fraudes detectados por UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy que acapara la práctica totalidad del mercado doméstico en Galicia con 1,6 millones de puntos de suministro en 286 concellos.

Cada día del pasado 2023, sus técnicos detectaron ocho enganches ilegales hasta llegar a 2.952 expedientes, más del doble de los 1.337 de 2022. En total, los dos últimos años suman 4.289 casos, coincidiendo no solo con la crisis inflacionista que golpeó a las familias con menores recursos económicos, sino también con las mayores dificultades de acceso a la vivienda, cuyos precios están en ascenso constante.

Alcance del consumo

El fraude del año pasado en este terreno alcanzó los 34 Gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo de 11.000 hogares, es decir, la factura eléctrica anual de un ayuntamiento como el de O Grove. De esos 34 GWh, 15,5 corresponden a la provincia de Pontevedra, que sumó 1.417 expedientes por fraude, es decir, el 48% del total registrado en la comunidad por Naturgy, según datos de la compañía.

UFD advierte del peligro de estas conexiones ilegales, que “pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos”. Añade que estas prácticas también “representan un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada, según la regulación vigente, recae en el conjunto de los usuarios a través de su factura”.

Síntomas

Las vías para de detectar esos casos parten de señales como los consumos excesivos en los contadores o centros de transformación cuando no coinciden con el número y tipo de suministros asociados a los clientes. Entonces, “se revisan telemáticamente las pérdidas de energía asociadas, tanto en volumen de energía como en horario. Cuando con la información obtenida, la compañía sospecha de un posible fraude, lo pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que a partir de ese momento se hacen cargo de la investigación”.

La mayor parte de casos se relacionan con okupaciones ilegales o domicilios de familias con pocos recursos e incluso infraviviendas, como chabolas. En algunos casos, con drogas. De los 286 casos vinculados a plantaciones de marihuana entre 2022 y mediados de 2023 en toda España, solo 15 se hallaron en Galicia, según Naturgy.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre los años 2008 y 2013, durante los peores momentos de la crisis mundial causada por la quiebra del banco Lehman Brothers, que arrastró al sistema financiero mundial. La irrupción del COVID-19 en 2020 elevó un 6% las pérdidas de energía, pero desde entonces los casos se han disparado. El año pasado crecieron un 120% respecto a 2022.

Suscríbete para seguir leyendo