El Gobierno retoma la reforma para restringir la impugnación de planes urbanísticos municipales

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con la que se pretende “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los cambios avalados ayer por el Gobierno son los mismos que los aprobados en diciembre de 2022, pero que no llegaron a tramitarse en el Congreso por la convocatoria anticipada de elecciones generales –las de julio de 2023–. Ahora se reinicia el procedimiento, si bien Moncloa debe superar las reticencias que con el texto han expuesto Sumar y, sobre todo, Podemos, partido para el que “se da vía libre a la cultura del pelotazo”.

El objetivo de esta reforma es aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica. Una demanda, como ayer recordó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, largamente reivindicada por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De hecho, tanto la vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, como la patronal de promotores y constructores de España, APCEspaña, saludaron el paso dado por el Consejo de Ministros.

Recursos más difíciles

Cuando la Cortes refrenden la nueva redacción de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, impugnar un plan general de ordenación urbana municipal (PGOM) va a ser bastante más difícil. Con el objetivo declarado de evitar la paralización durante años de los planes urbanísticos por defectos menores en su tramitación, entre las medidas propuestas figura la restricción de la capacidad por parte de particulares y agentes económicos de presentar recursos judiciales que en última instancia podrían anular la planificación municipal.

La defensa de intereses particulares o económicos no tendrá cabida porque el Gobierno busca que queden supeditados a los generales.

Solo sobre aspectos esenciales

Los recursos versarán además exclusivamente sobre los aspectos materiales o sustantivos de los planes, sin que puedan aducirse eventuales vicios formales, salvo que se acredite que estos tengan influencia relevantes y concretos en los planeamientos. Hasta ahora, estas impugnaciones por hechos puntuales pueden acabar en “anulaciones desproporcionadas”.

El Gobierno sostenía cuando se lanzó la reforma –hace algo más de un año– que era muy oportuna dado los abundantes casos de planes municipales de ordenación paralizados. Sin pretender elaborar un listado exhaustivo, aludía a numerosos ayuntamientos que vieron en los últimos años como su planificación quedaba anulada por sentencia judicial.

Los ejemplos gallegos

En el caso de Galicia, citaba expresamente a Vigo, Ourense, Gondomar, Rábade, Melón o Monterrei. Y hacía referencia también a grandes ayuntamientos del resto de España, como Las Palmas, Santander, Toledo, Zamora, Tarragona, Cartagena, Castellón, Madrid (parcialmente) o San Sebastián (también parcialmente).

“Los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional”, destaca el Ministerio de Vivienda.

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