Funcionarios denuncian que el “buenismo” en las prisiones “amenaza” su seguridad

¿Son realmente seguras las prisiones para aquellos que trabajan en ellas? El asesinato esta semana de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, situada en Tarragona, a manos de un interno que posteriormente se suicidó ha reavivado este debate, que surge cada vez que se registra un suceso de estas características.

España registró el año pasado el mayor número de agresiones a funcionarios de prisiones desde que se empezaron a contabilizar, según los datos difundidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). El número de actos violentos contra los funcionarios ascendió hasta los 508, lo que supone un 12% más de ataques con respecto al año anterior, que ya había sido de récord.

Los centros penitenciarios gallegos no son ajenos a esta problemática. De hecho, 36 de las agresiones denunciadas en el conjunto del Estado se registraron en las prisiones de A Lama, en Pontevedra; Bonxe y Monterroso, en Lugo; Pereiro de Aguiar, en Ourense, y Teixeiro, en A Coruña.

Tanto los datos como el relato de los funcionarios y el personal laboral de las prisiones gallegas atestiguan que los ataques de mayor gravedad –como los califica la SGIP– no se han producido en las prisiones de A Lama y Teixeiro –las más modernas y preparadas para la recepción de los reos más peligrosos–, sino en los centros penitenciarios más pequeños de la comunidad. En Bonxe, un funcionario llegó a perder el conocimiento, mientras que en Monterroso otro trabajador recibió un cabezazo en el tabique nasal por parte de un reo.

“El problema es que se está enviando a esas prisiones a internos que, en realidad, por su clasificación, no deberían estar en ese tipo de centros”, explica Pedro Vázquez, coordinador territorial noroeste de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

A pesar de sendos ataques graves, la mayoría de ataques de los que se dio parte terminaron sin lesiones para los funcionarios. En Bonxe hubo además dos agresiones leves y tres sin lesiones y en el penal de Monterroso al asalto con lesiones graves se suman uno con daños leves, así como otros cinco sin secuelas para los agredidos. Numéricamente, fue la prisión de A Lama la que contabilizó un mayor número de agresiones a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, alcanzando los once: tres leves y ocho sin lesiones.

Teixeiro, por su parte, registró un total de diez agresiones, de las que tres fueron leves y ocho se saldaron sin lesiones para los funcionarios. Mientras que la tranquilidad en el centro ourensano de Pereiro de Aguiar fue trastocada por una única agresión en la que no hubo lesiones.

En opinión del coordinador para Galicia y Asturias del sindicato de prisiones, “la política buenista” aplicada por el actual Ministerio del Interior en los centros penitenciarios de su jurisprudencia –Cataluña y el País Vasco tienen las competencias transferidas– está generando una gran inseguridad no solo entre el personal que ejerce a diario sus funciones en este tipo de centros, sino también entre el conjunto de la población reclusa.

“Dentro de los centros existe una clasificación interior con la que se trata de agrupar, como se ha hecho siempre, a los internos en función de sus condiciones, su comportamiento... Sin embargo, ahora estamos con que todo el mundo es bueno y se permite, entre otras cosas, que la mayoría de internos ejerzan trabajos en las prisiones para los que pueden no estar preparados, como, por ejemplo, estar en una cocina donde hay cuchillos. Esto no solo es nocivo para la seguridad de los propios funcionarios, sino también para el resto de internos que llevan su condena con tranquilidad, sin querer vivir en problemas”, relata Pedro Vázquez.

El reglamento penitenciario, que data de los años ochenta, consta de castigos para aquellos internos que ejerzan comportamientos dolosos de cara a los funcionarios o hacia otros compañeros, como puede ser el caso del aislamiento. Sin embargo, tal y como denuncia Vázquez, esa norma “prácticamente no se está cumpliendo”. “Entiendo que debido a su antigüedad se pueda pensar en reformarla, pero no puede ser que hoy se sancione únicamente privando al interno de bajar al patio por la tarde”, explica.

Esta tensa situación, muchas veces invisible a ojos del conjunto de la sociedad que prefiere alejar su mirada de los centros penitenciarios, causa que en no pocas ocasiones haya trabajadores que recurran al tratamiento psiquiátrico para poder afrontar su jornada laboral.

Así lo relata Manuel Vázquez, jefe de servicio y delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la prisión de Bonxe. Y es que la SGIP únicamente contabiliza como ataques aquellos en los que hay un contacto físico, pero la intimidación está a la orden del día en los penales gallegos. “Las amenazas son muy comunes, lo más bonito que te dicen es que ya nos veremos en la calle”, explica Vázquez.

“Los funcionarios de prisiones somos un colectivo muy preparado y con la vocación de hacer un servicio público de calidad, a pesar de todas las dificultades que en este momento nos está poniendo la administración, que se resiste todavía a catalogarnos como agente de autoridad”, denuncia el delegado sindical de CSIF, que considera que, para que mejore la convivencia en los penales, deben, “existir unas normas claras y unas medidas de castigo que fomenten el respeto a esas normas”.