Casi 1.700 gallegos renuncian de forma voluntaria a acceder a salas de apuestas o casinos

El último informe de la patronal del sector, relativo a 2022, revela que los gallegos perdieron durante ese año en juegos de azar, desde tragaperras a loterías, pasando por bingos y apuestas, un total de 260 millones de euros. En algunos casos, esa afición va más allá y puede convertirse en un problema con consecuencias no solo en el bolsillo de los afectados, sino también en su vidas y en las de sus familias. Uno de los recursos de los que disponen quienes son conscientes de que tienen una relación problemática con el juego es vetarse a sí mismos el acceso a locales donde se apuesta. Según datos de la Consellería de Presidencia, es una solución a la que recurren en la actualidad casi 1.700 ciudadanos.

En concreto, la Xunta indica que están inscritos en el denominado Rexistro de prohibidos un total de 1.689 personas. Son las que se decidieron a dar el paso de cubrir un formulario en el que, de forma voluntaria, renuncian a acceder a una sala de bingo, a un casino o a un establecimiento donde tengan lugar apuestas. Esa inscripción implica que son la administración y las empresas las que les impedirán a los establecimientos donde se juega y que los locales tengan un control de acceso.

Los gallegos perdieron 260 millones en juegos de azar: la mitad, en tragaperras

Incremento en el registro

En Galicia hay un incremento de casi el 6 por ciento con respecto a los datos prepandemia en el número de personas que se autoexilian de los juegos presenciales. Para llevar a cabo una autoexclusión de las apuestas online, existe un Registro General de Interdicciones del Juego estatal en el que, explica el Ministerio de Derechos Sociales, los interesados pueden anotarse a petición propia o por resolución judicial y posibilita al interesado excluir la participación en los juegos que requieran esta comprobación –sean o no presenciales– en todo el Estado. En el registro estatal los inscritos rondan los 72.700, con datos de 2022. Ese año las altas se dispararon hasta superar las 15.000 y cada ejercicio van a más.

El Gobierno gallego aprobó el año pasado la nueva Lei do Xogo de Galicia, que entró en vigor a principios de octubre. La normativa incluye la creación, en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, del Observatorio Galego do Xogo como órgano colegiado de estudio, evaluación y seguimiento de las políticas de juego “responsable y seguro”.

La Xunta colgó ayer precisamente el texto del decreto para impulsar esta figura en la normativa en tramitación y abre un período de envío de sugerencias hasta el día 3 de abril.

Los nuevos locales de juego distarán al menos 300 metros de los centros escolares

El objetivo de este órgano es analizar las gestiones llevadas a cabo por la Administración para proporcionar a las autoridades “datos objetivos y contrastables adaptando las políticas públicas a lo que la realidad social necesita y demanda”. Entre sus cometidos está el realizar propuestas de normas en materia de juego, promover campañas de sensibilización o proponer estudios específicos. El documento incluye entre los vocales del Observatorio a una persona en representación de las asociaciones “más representativas” del sector, a otra por las asociaciones de lucha contra las adicciones en materia de juego y a otra en nombre de madres y padres. También podrá invitarse a expertos.

Suscríbete para seguir leyendo