Un proyecto de ley abre a 2.200 bomberos forestales la puerta de la jubilación anticipada

Una futura norma que prepara el Gobierno central reconocerá a unos 2.200 bomberos forestales gallegos –que suman más de 26.000 trabajadores en toda España– la aplicación del real decreto de jubilación anticipada, al servicio de las administraciones y organismos públicos. En esos momentos, casi un millar de estos empleados públicos en Galicia viven un proceso de ampliación en el tiempo de trabajo: la Xunta decidió recientemente pasar a 9 meses al año los contratos del Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales, que trabajaba solo seis meses y constituían un grupo de casi un millar de empleados fijos discontinuos. Esta ampliación se hará de manera gradual, de manera que en 2024 los brigadistas trabajarán 7 mensualidades y en 2026 se llegará a los 9 meses de duración.

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos proyectos de ley para establecer un marco jurídico básico de los bomberos forestales y de los agentes forestales y medioambientales, “con el fin de que tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España” , según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera.

Estas dos iniciativas son las mismas ya remitidas hace justo un año por el Gobierno al Congreso de los Diputados y que decayeron debido a la convocatoria de elecciones, y suponen “dos proyectos importantes”. Ribera destacó que “se hacía imprescindible poder disponer de unas pautas básicas” y que de esta manera “se pueda contar con un régimen básico común en todo el territorio”.

Para los bomberos forestales, los principales aspectos regulados son el reconocimiento legal expreso e individualizado de la categoría o figura de bombero forestal a nivel nacional; la definición de funciones que además de la extinción puede, complementariamente y en su caso, incluir prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, así como de apoyo a las contingencias en el medio natural y rural; prevención de riesgos laborales y defensa jurídica del colectivo. En este sentido, Galicia contaba ya con una situación ventajosa con respecto a otras comunidades, señalan fuentes consultadas

Por otro lado, el proyecto de ley de agentes forestales y medioambientales, regulará las condiciones de los aproximadamente 6.000 profesionales de este grupo. En Galicia este colectivo podría elevarse al medio millar, incluidos en dos consellerías distintas: dirección técnica de extinción de incendios, compuesto por agentes de Medio Rural y de la dirección xeral de Patrimonio Natural de la consellería de Medio Ambiente.

Las dos iniciativas han sido desarrolladas por el Miteco y el Ministerio de Hacienda y Fundación Pública para establecer un marco jurídico que asegure las condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país, ya que hasta ahora las comunidades autónomas habían regulado y desarrollado ambas figuras conforme sus competencias, lo que provocaba hasta ahora desigualdades. La norma reforzará su consideración como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad.